En una decisión que lesiona la lucha contra la impunidad de las víctimas de crímenes de Estado, el gobierno Petro, mediante la resolución 453 de 8 de noviembre de 2024, designó como gestores de paz a 18 jefes paramilitares, entre otros, a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Como es de conocimiento público, alias “Jorge 40”, ha guardado silencio absoluto sobre los nexos del paramilitarismo con instituciones del Estado; y por el contrario, en sus versiones libres en la jurisdicción ordinaria y ante la JEP, se declara como “preso político” y justifica cada uno de sus crímenes dentro de un discurso abiertamente antisubversivo.

Actualmente, alias “Jorge 40” es investigado por el homicidio del sindicalista Víctor Eloy Mieles Ospino. Durante todo el proceso ha guardado silencio y las pocas veces que se refiere a los hechos concretos, procede a justificar su decisión de ordenar su muerte por considerar que los sindicalistas eran sus enemigos.

Víctor Eloy Mieles Ospino, sindicalista de la empresa Cicolac, y su esposa, la docente Elvira Rosa Ramírez Pacheco, fueron brutalmente asesinados el 22 de julio de 1999 en El Copey, Cesar, por orden de alias «Jorge 40». El 18 de julio, habían sido interceptados cerca del municipio de El Difícil, Magdalena, y entregados al jefe paramilitar, quien ordenó su asesinato.

Veinticinco años después, el crimen sigue impune. En mayo de 2023, la JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Tovar Pupo, tras encontrar que sus versiones no proporcionaron información veráz y suficiente sobre sus vínculos del paramilitarismo con agentes del Estado. A pesar de su clara falta de compromiso con las víctimas y sus constantes discursos revictimizantes, el presidente Gustavo Petro lo designó como “gestor de paz”.

Esta decisión del gobierno Petro es duramente rechazada por las víctimas, que ven con indignación cómo se otorga reconocimiento político al paramilitarismo mientras se silencia a las víctimas de crímenes de Estado. El paramilitarismo es una política estatal que ha jugado un papel fundamental dentro del proceso de acumulación capitalista en Colombia. Sin duda, el gobierno Petro, ante el fracaso de la Paz Total, optó por el reconocimiento político del paramilitarismo con las graves consecuencias que esto implica.

Exigimos justicia para las víctimas y rechazamos firmemente la designación de Jorge 40 y demás paramilitares como “gestores de paz”. La lucha por la MEMORIA y la representación de lo que ha ocurrido en Colombia desde la perspectiva de un proceso genocida se convierte en un imperativo en la lucha del movimiento popular en Colombia.

14 de noviembre de 2024

Equipo Jurídico Pueblos

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