29 de octubre de 2025

En los últimos meses la persecución contra el Equipo Jurídico Pueblos ha incrementado sustancialmente. Nuestro caso no es el único, otros defensores/as de derechos humanos y procesos sociales en Colombia están afrontando las viejas y nuevas estrategias represivas y desde distintos flancos de ataque. Por esta razón, el propósito de esta denuncia es contribuir al análisis del nuevo modelo represivo contra un sector crítico no institucionalizado de defensores/as de derechos humanos del país.

1. El Paramilitarismo y Frentes de Seguridad en Santander ataca la defensa de los derechos humanos

El reciente ataque contra la movilización en el Departamento de Santander, en el que las personas y procesos sociales e internacionalistas (Canadá, EEUU y Francia) participantes  fueron objeto de violencias físicas, verbales, psicológicas y sexuales alevemente por paramilitares, miembros de la reserva, civiles y por los llamados Frentes de Seguridad al mando del Gobernador Juvenal Díaz Mateus. Esto evidencia los nuevos riesgos que afrontan las defensores/as del Equipo Jurídico Pueblos en el desarrollo de su labor en esta región del país.

Durante estos hechos de agresión, ocurridos el 13 de octubre de 2025, todo el equipo de defensoras y de prensa de nuestra Organización (junto a las demás personas que participaron de la movilización), fue sometido a actos de tortura colectiva y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de estas estructuras con la complacencia del Ejercito Nacional, Policía y las autoridades civiles del departamento y los municipios del Socorro, Palmas del Socorro, San Gil y Confines.

Las nuevas modalidades consolidadas de ataques contra la protesta social, dejan ver especiales riesgos de agresión contra las defensoras de derechos humanos y prensa popular; pues claramente -tanto paramilitares como frentes de seguridad y civiles auto declarados de derecha y seguidores del centro democrático con la complacencia de la Policía Nacional- usaron acciones de violencia dirigidas especialmente contra las mujeres, que incluyeron amenazas de violación y la comisión de otros actos de violencia sexual.

Debe anotarse que las y los defensores de derechos humanos y equipos de prensa que acompañaron la actividad -incluidas nuestras compañeras- llevaban distintivos como chalecos y carnés, además, suministraron sus datos de identificación en desarrollo de la interlocución con las autoridades y fueron fotografiados/as por agentes estatales, paraestatales y civiles armados que formaron parte de este ataque. Por esta razón, se alerta sobre el riesgo de acciones de retaliación posteriores contra las compañeras de nuestra Organización y otros espacios de derechos humanos y prensa popular que acompañaron la movilización, si se tiene en cuenta que su información personal (y otros datos que permiten su individualización) se encuentra en poder de los paramilitares y los Frentes de seguridad y civiles.

En contextos de protesta social o por fuera de ellos, la defensa de los derechos humanos se torna más riesgosa en departamentos como Santander (donde tenemos presencia), Antioquia o en Bogotá en los que sus gobernantes han promovido la constitución de Frentes de Seguridad a través de los cuales, sin duda alguna, se están atacando grupos poblacionales específicos, entre ellos, a las y los defensores de derechos humanos.

Identificamos en el actuar de los Frentes de Seguridad, las siguientes características: a) En cuanto a su origen e incluso justificación legal, evidencian una alta similitud con las llamadas Convivir en Antioquia cuya evolución en las autodenominadas AUC es ampliamente conocida por la sociedad colombiana; b) Resulta notorio su carácter contrainsurgente, anti-comunista, patriarcal y discriminatorio, el cual es se evidencia a través de discursos de odio que llaman al exterminio de quienes consideran “enemigos” de la seguridad y el orden. Además, en sus discursos profesan la xenofobia, contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y -como se vio en Santander- durante sus ataques practican formas de violencias directas dirigidas especialmente contra las mujeres; c) Dichos Frentes de Seguridad, han sido animados y adoctrinados por militares de la Reserva, y han movilizado personas incluso procedentes de sectores populares en contra de las comunidades organizadas que reclaman sus derechos.

En este sentido, la reciente aparición de estos Frentes, “liderados” por la Policía Nacional^[1] y reservistas del Ejército, no solo preocupa por el riesgo para las y los defensores de derechos humanos, sino para la sociedad en general, si se tiene en cuenta el creciente PROCESO DE FASCISTIZACIÓN que se vive a nivel mundial; en el que la existencia de estos grupos y las prácticas sociales que promueven por estos grupos, constituyen un caldo de cultivo propicio para la consolidación de modos represivos de tipo fascista en nuestro país.

En el departamento de Santander, -como se vio durante el ataque a las y los manifestantes el pasado 13 de octubre de 2025- estos Frentes de Seguridad actúan en coordinación con las estructuras paramilitares que operan en la región. Tales organizaciones ejercen control social en este territorio a través de acciones de vigilancia permanente y visible, el censado de la población, entre otras formas, y actúan -también- bajo una lógica y concepción contrainsurgente, desde la cual han considerado como enemigas a comunidades, organizaciones comunitarias y organizaciones de derechos humanos que exigimos -por ejemplo- el desmonte del paramilitarismo.

Hemos tenido conocimiento que desde estas estructuras criminales se ha dado la orden de asesinar a nuestro compañero Leonardo Jaimes, un defensor de derechos humanos y profesor universitario que a lo largo de su vida profesional ha sido blanco de procesos de estigmatización y ataques contra su integridad personal, en el que han participado agentes estatales y paraestatales.

2. Estigmatización y criminalización

A través de las redes sociales el autodenominado Frente 33 de las extintas FARC-EP se ha sumado a los agentes estatales que históricamente han estigmatizado a defensores/as a derechos humanos, señalando al Equipo Jurídico Pueblos de ser el equipo de defensa legal del ELN, nos acusan de preparar conjuntamente (con el ELN) la “incursión paramilitar” en el Catatumbo…. Dicen que sus fuentes les han informado de supuestas reuniones entre integrantes de nuestra Organización con comandantes del ELN. Esa estructura criminal culmina cada uno de sus pasquines pidiendo enfáticamente (casi ordenando) a la Policía y a la Fiscalía que nos investiguen y encarcelen.

Relatos idénticos a estos los hemos encontrado en cientos de expedientes judiciales contra defensores/as y comunidades campesinas; en procesos caracterizados por el uso de guerrilleros conversos, informantes e informes de inteligencia para señalar y criminalizar a las personas y procesos organizativos que -en distintos tiempos- le han resultado incómodos/as al poder nacional, regional y local. La inteligencia militar, la policía judicial y la Fiscalía tienen amplia experiencia en este tipo de judicializaciones, bajo la modalidad de montajes judiciales, por lo que seguramente, no hace falta que les azucen para criminalizar a los sectores críticos en la defensa de los derechos humanos.

El Equipo Jurídico Pueblos no ha escapado a esta estrategia represiva, es más, sabemos de la existencia de varias investigaciones penales en nuestra contra, y llevamos años denunciando que esta práctica constituye una clara vulneración las garantías para el ejercicio de esta profesión liberal, consagrado en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Advertimos que -aunque la defensa de presxs políticxs, así como la representación de víctimas de crímenes de Estado, es una labor de alto riesgo en este país- este riesgo se incrementa cuando la estigmatización aparece en el panorama. De manera que avizoramos futuras judicializaciones contra nuestros/as compañeros/as.

Sobre los sofismas y falacias en los cuales justifican el discurso estigmatizante usado contra el Equipo Jurídico Pueblos escribiremos más adelante. Por ahora, queremos advertir que la estigmatización abonada por el autodenominado Frente 33 de las extintas Farc contra nuestra organización de derechos humanos, ha sometido a mayor riesgo al abogado Leonardo al exponerlo de manera directa a señalamientos falsos y temerarios y promover mensajes que llaman a asesinarlo.

El incremento, masificación y libre difusión de mensajes estigmatizantes y de amenaza de parte de estructuras criminales no estatales contra organizaciones campesinas y de derechos humanos; se ha dado a la par de los discursos estigmatizantes del presidente Gustavo Petro, los ministros de defensa y del interior, en los que han señalado a las organizaciones sociales de la región de estar cooptadas por las armas.

Se destaca incluso que, en estos mensajes estigmatizantes del autodenominado Frente 33 de las extintas FARC-EP contra el Equipo Jurídico Pueblos se usan los mismos términos que el presidente de la República ha usado contra el ELN, tales como: “paramilitares” “para-elenos” “narcotraficantes”. Lo que evidencia el impacto de los discursos públicos de altos funcionarios del gobierno en la reproducción de información falsa, en un contexto en el que la categoría de enemigo históricamente se ha extendido a las organizaciones de derechos humanos, entre otros sectores de la población.

Ahora bien, la práctica habitual de esta estructura criminal, de estigmatizar a la dirigencia comunitaria y ahora, al Equipo Jurídico Pueblos, ha sido ampliamente denunciada, en informes y comunicados anteriores. No obstante, sigue ocurriendo sin ningún tipo de restricción, ni acción alguna por parte de las autoridades obligadas a evitar que se continúe la estigmatización y criminalización de un sector del movimiento popular en la región y de la comunidad de defensores/as de derechos humanos. A pesar de la gravedad de la situación, el presidente de la república y el ministro del interior, siguen sin responder al llamado a la rectificación, que han realizado tanto la Defensoría del Pueblo como las plataformas de derechos humanos; y, además, han guardado silencio absoluto (y cómplice) ante esta campaña de estigmatización e intimidación que se adelanta por la referida estructura criminal no estatal.

La libertad de criminalizar que ha tenido el denominado Frente 33 resulta más preocupante si se recuerda el Gobierno Nacional adelanta diálogos con esta estructura criminal; y que el presidente Petro en el consejo de ministros de 29 de septiembre de 2025 exaltó que esa organización en su rebeldía contra el ELN prefirió al Gobierno progresista (por lo que -de paso sea dicho- no sorprende su recomposición y fortalecimiento bélico en un territorio altamente militarizado como el Catatumbo). En este sentido, se hace necesario que el mandatario colombiano, aclare al país si dicha estructura criminal está actuando contra defensore/as del territorio y de derechos humanos con anuencia del Estado.

Esperamos que el Mecanismo de Verificación de Naciones Unidas tome nota de esta situación y más allá de contemplar pasivamente esta grave afrenta al derecho internacional de los derechos humanos y al DIH, alerte sobre las graves consecuencias que tiene la estigmatización contra las comunidades y de las y los defensores de derechos humanos, en el actual contexto del territorio.

El Estado colombiano, será responsable de cualquier hecho de agresión contra el Equipo Jurídico Pueblos, la dirigencia campesina y comunal y los procesos organizativos estigmatizados y criminalizados tanto por el presidente y tres de sus ministros como por el autodenominado Frente 33 de las extintas FARC-EP. Exigimos investigaciones genuinas que permitan desenmascarar los máximos responsables de toda esta estrategia de persecución contra quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y del territorio.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

^[1] Policía Nacional de Colombia, Frentes de Seguridad. Vía: https://www.policia.gov.co/contenido/frentes-seguridad