El 28 de enero de 2023, en la vereda La Selva del municipio de Tibú, fueron capturados arbitrariamente, por miembros del Ejército Nacional, los campesinos SALOMÓN CORREA FLÓREZ, GERSON CAMARGO y CARLOS ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
De acuerdo con lo informado por las comunidades, ese día, los militares hicieron presencia en una finca ubicada en el filo La Garrapata en la parte alta de la vereda, donde se encontraron a los tres campesinos, integrantes de la Junta de Acción Comunal, a quienes procedieron a subirlos a la fuerza y bajo amenazas a un helicóptero, sin informar hacia dónde los llevaban y con qué propósito.
Gran parte del campesinado de esta Vereda -y la región en general- han sobrevivido del cultivo de hoja de coca, al que acudieron como consecuencia del histórico abandono estatal y las condiciones de aislamiento en que viven. Este hecho ha sido de conocimiento público y particularmente de las fuerzas militares, que permanecen en el territorio y que incluso le manifestaron a las y los pobladores que podían seguir trabajando en esta siembra. Las familias campesinas que han acudido a esta forma de subsistencia, vienen expresando por distintos medios al gobierno nacional y local, que están dispuestas a la sustitución siempre que existan garantías reales para ampliar la producción y distribución de alimentos.
De otro lado, la comunidad de La Selva en los últimos meses ha hecho públicos los abusos y arbitrariedades cometidas por las fuerzas militares en sus parcelas. En julio y septiembre de 2022 denunciaron actos de pillaje consistentes en el hurto de animales de cría, apoderamiento de cultivos de pancoger, como plátano, yuca, entre otros; así como la destrucción cultivos frutales como la piña. De igual manera, informaron que varios uniformados ingresaron arbitrariamente a varias viviendas -aprovechando que sus ocupantes no se encontraban- revolcándolas y apoderándose de útiles de aseo y víveres. Los hechos fueron denunciados penal y disciplinariamente sin avances sustanciales en las investigaciones. Por el contrario, ahora justifican sus prácticas bajo el falso argumento de que están facultados para ingresar a las casas campesinas -si lo desean-; y que pueden judicializar y hasta extraditar a quienes viven en zonas de cultivos de uso ilícito, sin que el gobierno pueda impedirlo-
Con la detención de los señores SALOMÓN CORREA FLÓREZ, GERSON CAMARGO y CARLOS ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, la comunidad expresa que su temor y estado de zozobra y desconfianza en las fuerzas armadas oficiales se incrementa. Al respecto expresan:
“no entendemos por qué, los mismos que deben velar por nuestra seguridad son quienes arremeten en contra de nuestras vidas y seguridad, haciendo pasar al campesino en falso positivo como un narcotraficante, cuando ellos mismos los usan ofreciéndoles confianza y tranquilidad para después cometer estos hechos”.
Y por eso exigen del Estado “que estas personas sean liberadas y que las tropas militares sean retiradas de nuestra vereda o nos veremos en la triste realidad de enfrentarlos y sacarlos ya que nos están amedrantando la seguridad y aun así el gobierno deja mucho que pensar al darnos cuenta de que se encuentra en duda su mando como presidente ya que hasta las ordenes dadas por el presidente Petro no son tenidas en cuenta por los militares”.
Igualmente hacen un llamado urgente a “las entidades promotoras y protectoras de los derechos humanos, Defensoría Del Pueblo, ONU-Derechos Humanos, Asociación de Personeros del Catatumbo y crear urgentemente una comisión de verificación”, y requieren al alcalde de Tibú, NELSON LEAL LOPEZ para que asuma su responsabilidad como máxima autoridad municipal e intervenga para que cese la criminalización del campesinado.
Los graves hechos denunciados anteriormente contradicen lo expresado en múltiples ocasiones por el Gobierno Nacional referente al proceso de gradualidad en la sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas detenciones evidencia la gran resistencia que genera en instituciones altamente conservadoras como las fuerzas militares, la adopción de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas. Los uniformados actuaron con alevosía contra la población, lo que hace notoria su intención de mostrar resultados y al mismo tiempo, afectar cualquier proceso de concertación con las comunidades para la búsqueda de alternativas al narcotráfico en la región del Catatumbo.
Las y los campesinos cultivadores son la parte más frágil en la cadena de acumulación generada por el narcotráfico y no pueden seguir siendo encarcelados y perseguidos.
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