Denunciamos seguimientos, empadronamientos y perfilamientos relacionados con el Sexto Encuentro Internacional de Víctimas y Sobrevivientes de Procesos Genocidas realizado en la vereda La Pista – Tibú, el 19 y 20 de agosto y posteriormente el acto de memoria de los 25 años de la Masacre de la Gabarra. Estos graves hechos fueron realizados por instituciones del Estado colombiano contra dirigentes campesinos, organizaciones de DDHH y organizaciones de víctimas de crímenes de Estado.
El 17 de agosto de 2024, cerca de la media noche, la sede en Bucaramanga del Equipo Jurídico Pueblos fue objeto de vigilancia por hombres de civil, supuestamente conductores de taxi, que fingieron una falla mecánica, justo en la hora y sitio donde se debía tomar el bus que los conduciría a la vereda La Pista de Tibú. Los hombres permanecieron más de hora y media atentos a las personas que ingresaban a la oficina, lográndose observar que desde sus celulares tomaban imágenes de la sede. Las placas de los vehículos fueron anotadas y serán entregadas a la Fiscalía General de la Nación y al ministro de Defensa, esperando que en el menor tiempo posible determinen si estos vehículos pertenecen a organismo de seguridad del Estado o la Sijín.
Imagen tomada de la cámara de seguridad del Equipo Jurídico Pueblos el día sábado 17 de agosto a las 11:57 p.m en la que se ve el primer taxista fingiendo una falla mecánica al frente de la oficina.
Imagen tomada por la cámara de seguridad del Equipo Jurídico Pueblos y muestra los demás taxistas que llegaron después de la falsa falla mecánica del primer taxista, y ubicándose igualmente, frente a la entrada de la oficina.
Igualmente los buses con asistentes del Evento que regresaban de la Gabarra con destino a Cúcuta y Bucaramanga fueron objeto de procedimientos irregulares de requisa. El primer hecho ocurrió el 21 de agosto del 2024, aproximadamente las 10:46 de la noche, en el municipio del Zulia, donde miembros de la Policía y el Ejército detuvieron el bus en el que se movilizaban internacionalistas e integrantes de organizaciones sociales. El vehículo fue orillado y mientras dos policías subieron a requisar, otra requisó los bolsos que se encontraban en el maletero. Durante el tiempo que duró este extraño procedimiento, miembros de Ejército Nacional estuvieron presentes en actitud vigilante.
Imagen tomada de un vídeo grabado por un integrante del Equipo Jurídico Pueblos en el que se evidencia el procedimiento irregular de la policía, en el municipio del Zulia.
Imagen tomada de un vídeo grabado por un integrante del Equipo Jurídico Pueblos en el que se evidencia el procedimiento irregular de la policía, en el municipio del Zulia, mientras los militares observan afuera del bus.
Este mismo día, otro bus que se dirigía de la Gabarra a Bucaramanga fue detenido a las 11:00 pm cerca del peaje Los Acacios del municipio Los Patios (zona metropolitana de Cúcuta). Allí, agentes de policía hicieron descender al conductor, tomaron registro de la planilla del viaje y la cédula de esta persona; luego un patrullero de la Policía, ingresó al vehículo para indagar sobre el lugar de origen del viaje y los motivos del mismo.
En horas de la madrugada, aproximadamente las 3:30 am, ese mismo bus fue detenido por la Policía Nacional en un retén ubicado en el Páramo (vía entre Pamplona y Bucaramanga) donde procedieron nuevamente a tomar registro de la planilla de viaje, el documento de identidad del conductor, a quien además le ordenaron suministrar su número telefónico.
Estos hechos no responden a labores rutinarias de la policía de carreteras, como suele justificarse desde la Institución, sino a prácticas de perfilamiento con fines de inteligencia y judicialización, como quedó demostrado en un Informe de Policía Judicial (presentado dentro de la Actuación conocida bajo el Rad. 680016000159202104293) en el cual se incorporó información obtenida en idéntica forma, respecto de una actividad desarrollada por defensores/as del Equipo Jurídico Pueblos -en el marco de un proyecto de fortalecimiento organizativo de mujeres campesinas- y que en el proceso penal se presentó falsamente como una “salida de estudiantes de la UIS al Catatumbo” con el fin de “adelantar reuniones con integrantes de organizaciones campesinas y juntas de acción comunal, quienes para [la] fecha preparaban una jornada de protesta convocada para el 19/11/2020”. De este antecedente fue informada la Caravana Internacional de Juristas durante su anterior visita a Colombia.
Otro hecho que genera fuerte preocupación, ocurrió el 22 de agosto de 2024, en horas de la mañana, en la base del Ejército Nacional ubicada en la salida del corregimiento de la Gabarra; lugar por donde tenía que transitar de regreso a su comunidad, el dirigente campesino JAVIER NAVARRO NAVARRO – integrante del Coordinador nacional Agrario CNA y el proceso social Festival de Río-. En ese punto, fue interrogado por un militar, sobre su lugar de destino y una vez él mencionó la vereda La Pista, se procedió a registrar sus datos personales y a fotografiarlo. Ante lo ocurrido, JAVIER le exigió al militar que se identificara (toda vez que tenía oculto su rango y apellido) y cuestionó el procedimiento, a lo que este respondió que “todas personas que pasan por la vía de la base quedan filmadas”.
Imagen tomada de un vídeo grabado por el dirigente campesino JAVIER NAVARRO NAVARRO – integrante del Coordinador nacional Agrario CNA y el proceso social Festival de Río, en la base del Ejército Nacional ubicada en la salida del corregimiento de la Gabarra.
Especial inquietud merecen estos eventos, si se tiene en cuenta que, con el propósito de prevenir su ocurrencia, la Caravana Internacional de Juristas (participante del evento) informó previamente al Ministerio del Interior de la realización del Encuentro.
Estos acontecimientos evidencian la continuidad de prácticas de estigmatización, perfilamiento y persecución contra el movimiento popular en Colombia, así como de la militarización de los territorios y la vida comunitaria en el Catatumbo; que sin duda impone atranques insalvables a cualquier iniciativa de paz, pues obstaculiza arbitrariamente el avance de los procesos autónomos de reconstrucción de tejido comunitario y Memoria que se vienen desarrollando valientemente en la región por iniciativa de sus pobladores/as. Por estas razones, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que suministre respuestas veraces sobre lo ocurrido, las motivaciones y destino de esta información, así como los funcionarios -civiles o militares- que ordenaron los procedimientos. Igualmente la Fiscalía General de la Nación debe suministrar información verídica sobre las labores de vigilancia y seguimientos que se están realizado, al menos desde 2021, contra el Equipo Jurídico Pueblos, a través de formas de perfilamiento similares a las reseñadas en este comunicado.
Bucaramanga, 23 de agosto de 2024
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
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