Colombia, 19 de enero de 2023.

 

La situación actual en materia de derechos humanos se define como crítica para la población en esta región por la sistematicidad con que son vulnerados los derechos de las comunidades, que van desde hostigamientos y amenazas hasta montajes judiciales, homicidios y desaparición forzada. En razón de ello se hace necesario señalar a muy grandes rasgos, pero con precisión la situación actual de esta zona, destacando uno a uno los diferentes aspectos de la región y sus comunidades, así como los rasgos de la sistematicidad de las violaciones, y su evidente objetivo dentro de un proceso claramente genocida.

 

Procesos de organización popular y resistencia en los territorios

 

Las comunidades de esta región han construído un tejido social organizativo en torno a intereses colectivos y arraigo a la tierra. Existen organizaciones sociales, asociaciones agromineras, Comités y Colectividades campesinas que han venido desarrollándose históricamente. Con el tiempo se han organizado procesos como el CIANA, la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, sur del Magdalena y procesos de los Santanderes “CISBCSC”, la Asociación de Agricultores, Pescadores y Pequeños Ganaderos de Terraplén “AGROPPEGT”, ASOCAMPESAC, ASCAVEX, AFASBA, ASAMISSUR, ASOAGROMICAUCA, entre muchísimas otras más.

 

La permanencia en el territorio por parte de estas asociaciones, así como la persistencia en sus objetivos organizativos han sido empleadas como una acción de reivindicación, que realizan comunidades al sostener sus acciones en momentos de problemáticas de exterminio; esto se mantiene como estandarte identitario de resistencia, y si se quiere, como “Bandera de Lucha colectiva”.

 

Fortalecimiento militar y paramilitar

Históricamente la población de la región de los Dos Ríos ha tenido que afrontar el paramilitarismo y la militarización del territorio. No obstante, en los últimos años se ha fortalecido la presencia y el control social y territorial de dichas estructuras, que operan -de manera coordinada- bajo una misma estrategia, con el Ejército y en algunos sectores, con las Disidencias.

Esta zona, determinada por el río Cauca y el río Magdalena, tiene actualmente el punto de operaciones de la Segunda División del Ejército Nacional, su Quinta Brigada, el Batallón de Selva Nº 48 y la Fuerza de tarea conjunta Marte. Además, hacen presencia los grupos paramilitares conocidos como los llamados Caparrapos, otros a quienes han denominado el Clan del Golfo, y las autodenominadas AUC y AGC. A su vez, en esta zona operan también disidencias de las FARC.

 

Hacia el lado del Bajo Cauca, las llamadas “Autodefensas Gaitanistas”, tras librar una guerra con los Caparrapos, se posicionaron en las cabeceras de Tarazá y Cáceres. Luego, avanzaron y se establecieron en veredas lejanas como Malabrigo y Peladero.

En la subregión del Nordeste antioqueño se estableció una alianza entre el Estado y las Multinacionales con el fin de proteger la operación de las empresas, cuidar al sector minero energético y la infraestructura vial del país. En la frontera entre Segovia y Remedios está ubicado el Batallón Vial y Energético No. 8, el cual resguarda a la empresa Gran Colombia Gold. Además, se advierte la presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los llamados Caparros y un grupo criminal que se ha denominado como Jalisco Nueva Generación. Según la dirigencia popular de la región, la pandemia le permitió a estructuras expandirse principalmente, en Segovia, Remedios y Anorí. En esta subregión nacen dos corredores estratégicos para las rutas del narcotráfico. El primero parte en Segovia y conecta a Bolívar y, posteriormente, a Catatumbo. El segundo conocido como «Corredor norte» inicia en Anorí y termina en el Urabá chocoano.

Además del narcotráfico, en la región confluyen intereses económicos: Mineros, ganaderos y agroindustriales, que han entrado en abierta contradicción o disputa, con los proyectos de vida colectiva y de defensa de los territorios, de las comunidades históricamente asentadas en la región.

 

Control social y territorial

La presencia paramilitar en un territorio, no responde solamente a una estrategia militar, sino está anclada a intereses económicos y políticos determinables, y se ejerce a través de ésta, un control tanto territorial como social que se expresa de distintas maneras:

En zonas como Casa de Barro, Los Planos, El Tigre, Villadoris y Firmeursola, por ejemplo, las comunidades deben solicitar un permiso del grupo autodenominado los Gaitanistas, para así poder moverse. Prácticas como estas vulneran claramente el derecho de libre locomoción que constitucionalmente se reconoce a toda persona en Colombia y a su vez, constituyen expresiones de poder y autoridad territorial que tiene un efecto intimidante hacia la población.

La operatividad y relacionamiento con las comunidades ha cambiado en relación con otras épocas. Hacia el nordeste de Antioquia, por ejemplo, llegaron a disuadir y cooptar ideológicamente a las comunidades. Algunas personas hoy agradecen su presencia en la región y les apoyan; y otras tantas, aceptaron hacer tratos para la venta de hoja de coca a dichas estructuras. No obstante, también utilizan el método de intimidar y estigmatizar a otros grupos o sectores de la población. Hacia el lado de Cantagallo las llamadas AGC, realizan señalamientos contra dirigentes populares, ubicándolos como blancos militares o enemigos. De esta manera se genera terror y ruptura de las relaciones de confianza entre las comunidades, al copar sectores de estas por un lado y crear sobre otros un estigma.

Promover la siembra de coca, cuya compra pagaban inicialmente a buenos precios, fue parte de las estrategias usadas por el paramilitarismo para tomar control de los territorios. Este tipo de ofrecimientos se reportan tanto en el suroccidente como en el nordeste antioqueño. De los 10 municipios que componen esta subregión, hay presencia de cultivos de coca en siete de ellos. Los municipios de Cisneros, San Roque y Santo Domingo no tienen hectáreas registradas. Anorí encabeza la lista en el Nordeste al concentrar cerca del 60% de cultivos de uso ilícito en la subregión, seguido de Segovia con el 15,7% y Amalfi con el 15,1%.

El relacionamiento entre las Fuerzas armadas oficiales y el paramilitarismo, constituye una de las constantes históricas. Señalan las comunidades que cuando la insurgencia saca a los paramilitares de San Pablo, Bolívar, estos usan como zona de retaguardia los territorios ocupados por el Ejército, cuya presencia en la región se ha fortalecido.

Indica además la población, que los militares llegan a los territorios intimidándoles y exigiéndoles que trabajen con los paramilitares. Además, acusan/estigmatizan a algunas personas como colaboradoras de la guerrilla, para luego presionarlas a trabajar con los paramilitares. De esta manera ganan y/o neutralizan a la base social y la transforman en función del proyecto paramilitar.

En algunas veredas de San Pablo, Bolívar, los paramilitares toman con frecuencia posesión de fincas campesinas por varios días y le exigen a las familias la provisión de alimentos. Estos hechos casi nunca son denunciados por temor. En sitios como Tres Bocas, han realizado un censo completo de la población, denotando un control importante en el territorio. En el Socorro están de manera permanente, por la zona de El Cucú, Canaletal, Caño Barbudo, El Rosario. Ostentan el control sobre el corredor del río de manera estratégica, porque permite movilidad en toda la región.

Afirman las comunidades que les han visto operar con disidencias de las Farc y desmovilizados del Eln.

Desarrollo de una Doctrina

 

La Doctrina del Enemigo Interno ha facilitado históricamente la violación de derechos humanos. Y el seguimiento de estos lineamientos es evidenciable en la situación que vive la región de los dos ríos en casos concretos pero sucesivos, como el presentado en el municipio de San Pablo, donde los grupos paramilitares desarrollan toda una estrategia de persecución y señalamientos, donde cualquiera es sospechoso de ser “colaborador de la guerrilla”. O el caso presentado por toda la región del Sur de Bolívar donde, en las veredas y municipios, aparecen panfletos que dicen ser de las AGC, señalando unas “Limpiezas Sociales”, para quitar del territorio todos los campesinos que lleguen ellos a considerar “guerrilleros, ex guerrilleros, o colaboradores”. Muchas veces estos señalamientos que evidencian la búsqueda de un enemigo al interior de la población recaen delimitada y precisamente sobre líderes campesinos de la región. Sin embargo, las comunidades relatan que el mismo Ejército Nacional en repetidas ocasiones ha llegado a las casas en varias veredas, señalándolos de pertenecer al ELN y someter a sus habitantes a tratos crueles e inhumanos, todo esto en razón de una persecución contra la insurgencia.

 

Amenazas e intimidación: Medios para generar un ambiente de terror en la población

 

Generar terror e intimidar a la población hace parte de una habitual estrategia de vulneración de derechos, que se ejercen a través del paramilitarismo y la arbitrariedad estatal. El fin último de esta práctica no es otro que la destrucción de las relaciones de confianza y autonomía de las comunidades, creando por el contrario relaciones de dependencia y sometimiento hacia la economía y poder paramilitar.

Los hostigamientos han sido ejercidos también por cuerpos del ejército. En sus recorridos habituales, por ejemplo, anuncian la próxima presencia paramilitar y conminan a los habitantes a recibirlos en sus casas cuando lleguen. Les advierten que si denuncian, serán declarados objetivo militar. En algunos territorios de manera reiterada le dicen a la población: «agradezcan que los están tratando bien, que quienes vienen  atrás no van a ser tan amables».

 

Las intimidaciones psicológicas a través de panfletos de amplia difusión, son cada vez más frecuentes en la región de las veredas de El Cucú, Canaletal, Caño Barbudo y el Rosario, ubicadas en el sur de Bolívar. En estos pasquines se amenaza de manera directa a campesinos/as, a quienes señalan como “objetivo militar” y posteriormente les indican que “si caminan derechito pueden permanecer en el territorio”. Nueve personas que aparecían en estos listados han sido asesinadas hasta noviembre de 2022, lo que presiona -a través del terror- a las demás, a actuar conforme a los lineamientos, reglas, pensamiento y directrices de estas estructuras.

 

El paramilitarismo no genera intimidación sólo mediante panfletos, se señala en los relatos campesinos que motivan a la población a trabajar con ellos, a través de distintas formas de violencia psicológica o mediante engaños. En el municipio de San Pablo, Bolívar, por ejemplo, los paramilitares han amenazado a las comunidades para que se retiren de ciertas zonas con la excusa de que el ELN les hará una emboscada.

 

Especial preocupación y mención merece, el hostigamiento y la intimidación que vienen ejerciendo las estructuras paramilitares -claramente al servicio de intereses terratenientes- contra los procesos de recuperación de tierras en el Cesar. Las comunidades agrupadas en la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, sur del  Magdalena y procesos de los Santanderes “CISBCSC”, han denunciado en varias oportunidades que el terrateniente Wilmer Díaz acompañado de hombres armados con macocas, han irrumpido en sus parcelas, insultando y disparando contra sus ocupantes e intentando además destruir sus cercas y propiedades. El 16 de febrero de 2022 este sujeto (Díaz) golpeó e hirió de gravedad con arma de fuego al señor Rafael Centeno Rad, por oponerse a sus arbitrariedades.

 

El hecho ocurrió, a pesar de que la comunidad había advertido a la Policía de San Martín el riesgo que corrían; dado que un día antes un subalterno de la Familia Díaz había ingresado al predio con el propósito de cortar los alambres encontrando oposición de la Comunidad, razón por la cual fueron advertidos: “esto no se queda así mañana viene el patrón con la Policía para que los saquen de aquí”.

 

Este tipo de atropellos contra las y los recuperadores de tierra, se ha dado a la par de la estigmatización que se impone contra ellos/as, promovida a través de los medios de comunicación regionales y nacionales, así como en los distintos Consejos de Seguridad en la zona. Esta población es presentada como delincuente, “invasora” e incluso, como afín a la insurgencia.

 

La construcción de esta alteridad negativa, busca legitimar socialmente la eliminación o neutralización de las comunidades recuperadoras, a través de la represión paramilitar y la desprotección estatal. A estos propósitos, han contribuido los discursos institucionales -sorprendente pronunciados por altos dignatarios del nuevo gobierno- que imponen ultimátums a supuestos “invasores” de tierras (so pena del desalojo forzado) o la judicialización.

 

Asesinato y atentados contra luchadores populares

 

Durante los últimos años, en el marco de un proceso de estigmatización e intimidación contra determinados sectores de la población, han sido asesinados varios campesinos de la región, tanto por estructuras paramilitares como por unidades militares; son varios los casos presentados de campesinos que han muerto víctimas del proceso genocida.

 

Pero a su vez, las comunidades de la región de Los Dos Ríos, vienen denunciando los asesinatos contra defensores/as del territorio. Todo esto ocurre en un contexto de reconfiguración de las relaciones sociales, en las que el paramilitarismo se configura como un dispositivo de poder:

• El 20 de mayo de 2020 fue asesinado por efectivos del Ejército Nacional, Séptima División, el campesino Ariolfo Sánchez Ruíz, quien días previos, según denuncias de la comunidad, había sido detenido junto a otro poblador; ambos pertenecientes al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Los militares informaron que presuntamente “el hecho se presentó en el desarrollo de una operación militar y policial para ubicar desarticular un Grupo Armado Organizado (GAO)”^[1]
• El día 26 de mayo de 2021 se produjo el asesinato del luchador social EDWIN EMIRO ACOSTA OCHOA, cometido por estructuras paramilitares en el municipio de Tiquisio, corregimiento de Mina Seca. Allí los paramilitares siguen despojando a las familias de la zona para ejercer el control en las comunidades de Mina Nieve y Casa de Barro, corregimientos del municipio de Norosí. El ejército se encuentra a diez minutos de Mina Nieve y a treinta minutos de Mina Seca, sin hacer ninguna acción frente al accionar de los paramilitares.
• El 22 de febrero de 2022, en el corregimiento de Puerto Oculto, San Martín, Departamento del Cesar, sujetos armados asesinaron a dos reconocidos dirigentes populares: TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN y JORGE ALBERTO TAFUR ACUÑA, voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y procesos de los Santanderes – CISBCSC. Esta Comisión venía denunciando y exigiendo a las autoridades locales y nacionales, respeto y garantía de derechos en favor de las comunidades recuperadoras de tierras en la región. El homicidio ocurre seis días después de denunciarse públicamente el actuar criminal del terrateniente Alirio Díaz en San Martín Cesar.

 

Judicializaciones y Detenciones Arbitrarias

 

Los montajes judiciales obedecen con claridad a una de las más elaboradas formas de represión estatal, en tanto representa un menor costo político, pero contribuye al mismo propósito de eliminación de los grupos poblacionales oprimidos. Las detenciones arbitrarias, en general, tienen un efecto intimidatorio y de debilitamiento de sus proyectos de vida colectiva. Las comunidades relatan que les preocupa el riesgo de detención o asesinato por ser parte de proceso organizativos. Los procesos judiciales contra integrantes de las comunidades se caracterizan por las serias irregularidades y falta de imparcialidad en las investigaciones que por lo general, son adelantados por funcionarios adscritos a la Policía Nacional y direccionadas por la otrora unidad contra el terrorismo, hoy dirección especializada contra las organizaciones criminales.

 

Este hecho evidencia el cuestionable uso del sistema jurídico para perseguir a integrantes del movimiento popular.

 

En los últimos dos años, en la región se reportan tres casos de detenciones arbitrarias y judicializaciones que evidencian cómo opera esta modalidad de violación a los derechos humanos de los campesinos en esta zona.

 

• El primero de ellos es el más conocido: Teófilo Acuña, ocurrido en diciembre de 2020 en el marco de un proceso caracterizado por la carencia de toda prueba para mantenerlo privado de su libertad, razón por la cual obtuvo su libertad en compañía de Adelso Gallo y Robert Daza. Este caso permite evidenciar la aplicación de diferentes formas de represión sobre un grupo organizado de campesinos/as, pues una vez en libertad, Teófilo Acuña fue asesinado junto con el compañero Jorge Tafur.

 

• El segundo caso ocurrió el 16 de marzo de 2021 en la vereda Ahogaperros del municipio de San Pablo, Bolívar. Hacia las 2 pm, cuatro campesinos, a quienes se les señalaba de pertenecer al ELN, fueron detenidos arbitrariamente por cerca de 20 horas. La comunidad señaló como responsables de estos hechos a miembros del Ejército Nacional adscritos al batallón Nueva Granada. Fue gracias a la presión de las y los pobladores de la región que los dejaron libres, pero antes de ello fueron obligados a grabar un video y a firmar un acta de buen trato.

 

Desapariciones Forzadas

 

Las desapariciones forzadas han sido, en todo el mundo, una de las más duras formas de violación de derechos humanos, que dan cuenta de una expresión de eliminación física de los cuerpos y destrucción simbólica de los proyectos políticos.  En Colombia ha sido una modalidad represiva histórica, recurrente y sistemática. En los dos últimos años, las comunidades de la región de los Dos Ríos han reportado los siguientes casos:

 

• Oriolfo Sánchez Ruíz, habitante del nordeste antioqueño, específicamente del municipio de Anorí; fue desaparecido el día 20 de mayo del 2020.
• Ese mismo fue desaparecido forzosamente el campesino Didian Arley Agudelo, en el municipio de Campamento – Antioquia.

 

Las comunidades responsabilizan al Ejército Nacional de los hechos ocurridos, y a la fecha del día de hoy no se tiene ningún reporte de su paradero.

 

• El 21 de mayo del 2020, se denunció la desaparición de la señora María Rocío Silva Caballero quien fue vista por última vez en el municipio de San Pablo. A pesar de las alertas de la comunidad, las autoridades actuaron con negligencia al punto que fueron las y los habitantes de la región quienes iniciaron las labores de búsqueda, encontrándola el 30 de mayo a las 9:30 pm, en un grave estado de salud, completamente desorientada y sin recordar nada. Se ha exigido investigaciones por parte de las autoridades, pero estas permanecen sin presentar los más mínimos resultados de la desaparición.

 

La sistematicidad y la sucesión de cada una de las distintas estrategias de exterminio de la población, dan cuenta la continuidad de un proceso de exterminio que es rastreable en los hechos previamente mencionados. A pesar de ello, las distintas asociaciones agrarias y comunitarias de esta región han desarrollado ejercicios de resistencia y permanecen con sus proyectos de arraigo y defensa del territorio.

 

El fortalecimiento del proyecto paramilitar, claramente asociado a intereses económicos y políticos posicionados en la región ha incrementado las violaciones de derechos humanos y sus impactos en los procesos organizativos en los sectores populares.

^[1] https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/campesino-en-anori-fue-asesinado-en-extranas-campesinas-498796