El 21 de julio de 2023, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buga – Valle, ordenó la libertad inmediata de nueve personas, entre ellos un dirigente sindical de Sinaltrainal, judicializadas por su presunta pertenencia a las Primeras Líneas de Bugalagrande y Andalucía. La decisión de segunda instancia resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica Karina Reyes, Daniela Hidrobo, Epifanio Domínguez, Carlos Julios Calero, Deiby Castillo, Jorge Gordillo, Miguel Ángel González, Víctor Tascón y Cristian Granada. La solicitud de libertad por vencimiento de términos había sido presentada desde el pasado mes de marzo (2023) y fue necesario acudir a la acción constitucional de hábeas corpus ante la pasividad de la judicatura para resolver de fondo sobre el asunto. El proceso penal continúa ante un juzgado de conocimiento, en el que actualmente se surte la audiencia preparatoria.

Estas personas, fueron acusadas por la fiscalía general de la nación, por hechos ocurridos el 26 mayo de 2021, en el marco del levantamiento popular que tuvo lugar desde el 28 de abril de ese año en gran parte del territorio colombiano. Todos ellos/as -pobladores pertenecientes a sectores populares- fueron capturados arbitrariamente el 9 diciembre de 2021, como consecuencia de la decisión de segunda instancia proferida por el Juez 2 penal del circuito de Tuluá – Valle, mediante la cual impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, contra más de dieciocho jóvenes, por los delitos de concierto para delinquir, tortura, tentativa de homicidio y secuestro simple, entre otros. La decisión judicial mediante la cual se ordenó este encarcelamiento masivo, se caracterizó por sus graves deficiencias argumentativas y el desconocimiento absoluto del deber de realizar el test de proporcionalidad que exigen la constitución y la ley al momento de restringir el derecho a la libertad.

La defensa técnica, conformada por abogado/as defensores/as de derechos humanos pertenecientes al Equipo Jurídico Pueblos y NOMADESC, en su momento advirtió ante los jueces de garantías las serias irregularidades cometidas por la policía judicial durante la investigación y presentó elementos materiales probatorios para evidenciar que la detención preventiva en establecimiento de reclusión se hacía innecesaria y desproporcionada. Pese a ello, fueron enviados a distintas cárceles, sometiéndoles a ellos/as y sus familias, al rigor de las inhumanas condiciones del sistema carcelario colombiano. Como consecuencia de esta decisión, el joven JONATHAN SABOGAL (quien también se encontraba vinculado a este proceso), murió calcinado en el patio 8 de la cárcel de Tuluá, donde también se encontraban varios de los hoy liberados.

La libertad de Karina, Daniela, Epifanio, Carlos Julio, Deiby, Jorge, Miguel Ángel, Víctor y Cristian, es sin duda un logro importante para las familias y las organizaciones sociales a las que pertenecen; sin embargo, esta lucha continuará hasta alcanzar la liberación e inocencia de todas las personas judicializadas en el marco de las protestas sociales de los últimos años en Colombia. Hoy, más 100 jóvenes se encuentran sometidos/as a medidas intramurales y detenciones domiciliarias. ¡¡No lxs olvidamos!!!

23 de julio de 2023

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS