El profesor Juan Sebastián Gómez Rosas fue imputado en noviembre del año 2021 por los delitos de acceso carnal y pornografía en contra de dos de los niños que recibían sus clases. Durante el proceso, la fiscalía especializada 11 CAIVAS, el Juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, el Tribunal de Santander – Sala Penal y la Corte Suprema de Justicia, han sido negligentes al garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de los derechos de las víctimas a la verdad y justicia al someterlos a dilaciones injustificadas.
El 8 de febrero de 2022, la fiscalía CAIVAS, (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual), fue inepta a la hora de sustentar la acusación respecto al delito de pornografía por lo que el Juzgado Décimo Penal del Circuito impidió la acusación de este tipo penal por no establecer de manera clara los hechos jurídicamente relevantes. Sobre ello, es fundamental mencionar que sí existen los hechos que sustentan la acusación por este delito.

En audiencia preparatoria, el 27 de abril de 2022, el juez negó algunas de las pruebas solicitadas por el abogado defensor, por lo que presentó recurso de apelación en el que se opuso a la decisión. Por esta razón, el expediente debía ser remitido por el Juzgado al Tribunal Superior de Santander de forma inmediata. Sin embargo, transcurrieron casi 5 meses sin que el Juzgado enviara el recurso al Tribunal, situación conocida por el representante de víctimas por medio de respuesta de esta Corporación en la que manifestó que “revisado el sistema de radicación (…) no se encontró proceso alguno contra JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ ROSAS (…)”.

Con preocupación, el 21 de septiembre del 2022, la representación de víctimas solicitó información sobre el envío del recurso al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, sin obtener respuesta. Ante esta grave irregularidad se interpuso acción de tutela, que conoció la Corte Suprema de Justicia quien por medio de fallo de tutela resolvió declarar como hecho superado la discusión pues el Juzgado al momento de responder al requerimiento ya había hecho el envío del recurso desde el 29 de septiembre de 2022.
Pese a que hace más de 3 meses el Tribunal Superior de Santander recibió del recurso de apelación no ha dado respuesta aún con el riesgo de que ocurra un vencimiento de términos a favor del procesado y en detrimento de los derechos de las víctimas, quienes además de experimentar la desatención del aparato judicial han sido hostigados por la familia del victimario a través de denuncias falsas.

Todo indica que el procesado obtendrá libertad por vencimiento de términos como consecuencia del actuar negligente de la Fiscalía pues incluso, en la última audiencia citada para el 12 de enero de 2023, se presentó una nueva fiscal expresando que no conocía el expediente pues lo recibió momentos antes de iniciar la audiencia.
Por lo anterior, solicitamos al Tribunal Superior de Santander -Sala Penal- resolver en el menor tiempo posible el recurso de apelación. De igual forma, requerimos al Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga actuar de forma diligente conforme lo ordena el ordenamiento penal colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.