En horas de la tarde del día de hoy, 11 de abril de 2023, el abogado defensor de derechos humanos y miembro del Equipo Jurídico Pueblos, Leonardo Jaimes Marín se percató de seguimientos irregulares por parte de dos sujetos, uno de ellos, funcionario de la Sijin.

Mientras el Defensor se encontraba realizando compras en un supermercado observó que dos hombres lo estaban siguiendo, razón por la cual se quedó observándolos detenidamente identificando a uno de ellos como JUAN CARLOS CELIS, agente de la Sijin, a quien ya conocía porque el funcionario actuó como investigador en procesos penales (montajes judiciales), contra varios campesinos de Santander defendidos por el abogado.

El abogado Leonardo Jaimes, decidió abordar a los sujetos; preguntándole particularmente al funcionario que había reconocido: “¿Usted es Juan Carlos Celis?” A lo que este respondió afirmativamente. Luego continuó interrogándolo: ¿de la SIJIN? El agente contestó que sí y luego guardó silencio y bajó la mirada. Finalmente, el defensor le preguntó ¿Me están siguiendo?, sin recibir respuesta alguna. Segundos después, Juan Carlos Celis procedió a darle la mano a nuestro compañero y decirle “hasta luego doctor”. Luego se dirigió hacia el cajero con un producto que había tomado en su mano segundos antes de ser encarado. Antes de llegar al punto de pago, dejó abandonado el elemento y salió del supermercado -junto a la otra persona que lo acompañaba-.

Preocupan los seguimientos realizados al defensor de derechos humanos, pues estos hechos parecen indicar que en su contra -y a sus espaldas- se adelanta un proceso penal. Recuérdese que en el marco de la investigación que cursa contra varios jóvenes de Bucaramanga acusados de pertenecer a las Primeras Líneas, se conoció un informe que evidencia los seguimientos arbitrarios y la interceptación de las comunicaciones del compañero Leonardo Jaimes Marín, misma investigación en la que el agente de la Sijín Juan Carlos Celis actúa como investigador.

En razón a ello, desde el Equipo Jurídico Pueblos, se elevaron varios derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se escuchara y permitiera la defensa del abogado. En distintas instancias de la entidad se respondió categóricamente que no existen investigaciones penales en contra del colega. De manera que sorprenden ahora los seguimientos protagonizados por el agente Juan Carlos Celis.

La sola existencia de un proceso penal contra el abogado es grave, pues constituye una clara criminalización del derecho a defender los derechos humanos y el pensamiento crítico, así como al ejercicio libre de la abogacía. No puede olvidarse que el Informe de Policía Judicial antes aludido, se acusa a Leonardo Jaimes de “adoctrinar estudiantes” dada su condición de docente y defender -en sus intervenciones públicas- la protesta e incluso las vías de hecho, “para lograr cambios en las desigualdades sociales”. Asimismo, se logró establecer el empadronamiento contra varios integrantes del Equipo Jurídico Pueblos que participaron en actividades de acompañamiento a comunidades campesinas que se sumaron al Paro Nacional del 2021. Así que resulta claro que la actuación que cursa en la Fiscalía no tiene propósito distinto, que perseguir una labor legítima y constitucionalmente protegida.

De otro lado, es grave que la Fiscalía oculte la existencia de dicha investigación; pues en cualquier Estado Social de Derecho, las personas tienen derecho a la Defensa, desde el inicio mismo del proceso; máxime en casos como estos, en los que otras prerrogativas constitucionales como la intimidad, han sido afectadas, a través de las interceptaciones de comunicación y los seguimientos. Por estas razones, exigimos públicamente a la Entidad, garantías para el ejercicio de la defensa del defensor; así como una exhaustiva revisión de los criterios (altamente discriminatorios) bajo los cuales se están adelantando las investigaciones penales.

Es de anotar que las actividades de acompañamiento a las comunidades que protestan y de defensa de presas/os políticos/as del abogado se continúan desarrollando a pesar de la estigmatización, el hostigamiento y la judicialización. Durante el paro campesino realizado en Lizama en enero de 2023, por ejemplo, Leonardo Jaimes Marín denunció la avanzada paramilitar en varias regiones de Colombia y ha participado en reuniones convocados por el Gobierno nacional en la que de debate el desmantelamiento de estas estructuras criminales. En este sentido, los seguimientos y actos de persecución como el que se denuncian hoy, son prácticas que solo puede ser entendidas en un país en el que persiste la falta de garantías para las y los defensores.

Rechazamos este nuevo hecho de persecución contra el compañero Leonardo Jaimes Marín y conminamos al Estado Colombiano, a salvaguardar sus derechos a la vida, libertad e integridad personal. Responsabilizamos directamente al presidente Gustavo Petro por cualquier acto que atente contra la integridad o la vida de cualquier integrante del Equipo Jurídico Pueblos.

11 de abril de 2023