Un nuevo hecho ha sucedido en los últimos días y que se suma a la larga lista de denuncias, sobre acciones, arbitrariedades, persecución y acoso que he y hemos padecido los procesados en el caso “andino” durante los últimos 5 años y medio. Tiempo en el que se han elaborado dos montajes judiciales en nuestra contra.

Estos hechos y denuncias demuestran la falta de garantías de un debido proceso e igualdad de armas en las dos actuaciones penales que cursan en nuestra contra y en los que nos hemos enfrentado a una institucionalidad tristemente reconocida por operar a través de principios de oportunidad más parecidos a chantajes, por elaborar montajes judiciales y por entronizar el derecho penal de enemigo.

Actualmente me encuentro comprometido en un proyecto productivo y comunitario de carácter asociativo, que busca brindar garantías laborales y mejores condiciones de vida a personas post-penadas, migrantes y personas en condiciones de vulnerabilidad económica.

El día miércoles 5 de abril, un compañero de trabajo asociado al proyecto en mención, fue contactado a través de mensajes de texto en el que le preguntan inicialmente por su hija y luego le indican que la persona con la que está trabajando le puede traer muchos problemas, razón por la cual le piden que les “colabore” para que lo puedan ayudar. La forma como fue contactada esta persona y las amenazas veladas en su contra, generaron por supuesto un estado de incertidumbre y desconfianza, toda vez que evidencian que sus actividades laborales y familiares han sido objeto de seguimientos, sin ningún tipo de explicación legal.

Estos mensajes coinciden con un modo de operar que ya fue denunciado en otras oportunidades.  A mediados del año 2018, por ejemplo, la ciudadana Gisselle Mogollón, informó a las autoridades que fue abordada por sujetos desconocidos que le ofrecieron una supuesta ayuda a cambio de una declaración libreteada que pudiera ser usada en nuestra contra en este proceso penal, so pena de ser involucrada en el caso. Asimismo, en enero 15 de 2023, a través de Noticias Uno[1], se supo que los servicios de inteligencia de la Policía Nacional, presionaron a una mujer para que les “colaborara” con acciones de espionaje al interior de la embajada rusa en Bogotá; a ella la amenazaron con vincularla al proceso penal que se lleva a cabo por el atentado al centro comercial Andino, porque supuestamente sostenía una relación sentimental con alias “Barbas” (un seudónimo creado por los funcionarios de la entidad, para presionarla).

En este caso, el chantaje no pudo ser más bajo, hicieron uso de la amenaza directa e involucramiento de una menor de edad, hija de mi compañero de trabajo, para hacer más efectiva la presión. ¿Hacia dónde quieren conducir este chantaje? ¿a qué otras personas cercanas al círculo de cualquiera de los implicados en esta causa, le habrán insinuado una propuesta tan ruin?

Hago esta denuncia pública procurando impedir que mi integridad y mi libertad, así como la de las demás personas vinculadas a este proceso penal sean nuevamente vulneradas. ¿El daño de tres años de acoso en presidio, de violar nuestra presunción de inocencia y varias garantías procesales por una necesidad política no han sido ya suficientes?

Tanto yo, como los demás implicados en este proceso desarrollamos nuestras actividades en la legalidad e insisto en mi intención para que se desarrollen los procesos penales para así defender mi inocencia y poderla demostrar ante la justicia, por tal razón he asistido y cumplido con la presencia en las audiencias programadas, pero ante estos nuevos hechos requiero a la Fiscalía y la Policía para que me notifiquen o informen a mi defensor, si ha habido algún motivo o existe actualmente alguna investigación o noticia criminal que recaiga sobre mi o las demás personas vinculadas a este proceso.

Andrés Mauricio Bohórquez Flórez

[1]https://www.noticiasuno.com/nacional/exclusivo-agentes-de-inteligencia-colombianos-espiaron-irregularmente-a-diplomaticos-rusos-y-cubanos/