El pasado lunes 28 de octubre, en un fallo que ha levantado indignación entre los defensores de derechos humanos y movimientos sociales de América Latina, se dictaron sentencias contra 43 procesados en el conocido caso Perseo en Perú. La mayoría de los condenados, miembros y simpatizantes de MOVADEF (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales), enfrentan penas de cadena perpetua, 35, 25 y 15 años de prisión, condenas que, en la práctica, equivalen a una pena de muerte para quienes ya son personas adultas mayores y enfrentan enfermedades crónicas. Este fallo no es más que otro ataque de la fiscalía peruana, que actúa con un sesgo ideológico de corte fascista, en un intento por acallar las voces disidentes y criminalizar la organización política en Perú. 

El caso Perseo se ha convertido en el símbolo de una persecución estatal que, en esencia, castiga a ciudadanos por sus ideales y pensamientos, en lugar de y por delitos comprobados. Entre los sentenciados se encuentran Osman Morote y Margot Liendo, quienes ya han cumplido más de 36 años en prisión. A estos defensores de derechos humanos se les ha negado reiteradamente la revisión de sus casos, así como el acceso a atención médica adecuada, incluso a pesar de sufrir enfermedades graves como cáncer. En lugar de garantizarles el derecho a la salud y la justicia, el Estado peruano aplica el llamado “Derecho Penal del Enemigo», una doctrina fascista que castiga no solo las acciones, sino las ideas y las identidades de quienes piensan diferente. 

Uno de los principales ejes de la acusación de la fiscalía es la supuesta “pertenencia a organizaciones políticas que defienden los derechos del pueblo,” una pertenencia que jamás ha sido probada, pues se limita a vincular a los acusados con MOVADEF, un movimiento que ha buscado activamente participar en el proceso electoral y promover la reconciliación en el país. Sin embargo, en lugar de permitir que estos ciudadanos ejerzan sus derechos políticos y de expresión, el sistema judicial peruano ha optado por criminalizar sus actividades y perseguirlos. 

El movimiento MOVADEF ha sido duramente castigado por expresar ideas que promueven una salida pacífica y democrática a las problemáticas estructurales de Perú. Su objetivo es la instauración de una Asamblea Constituyente que permita al país establecer una nueva Constitución, enmarcada en la justicia social y los derechos humanos, algo que el actual régimen parece considerar una amenaza directa. Los miembros de MOVADEF han sido objeto de represión sistemática, sufriendo no solo condenas judiciales, sino también el cierre de sus locales y el bloqueo de cualquier vía de participación política. En otras palabras, la disidencia ha sido declarada como un crimen en Perú, y el sistema judicial está siendo utilizado como un arma para silenciar a los que se atreven a pensar diferente. 

“Consideramos importante tener en cuenta que este tribunal ha aplicado lo que en el ámbito jurídico se conoce como el “derecho penal del enemigo” contra defensores de derechos humanos en el Perú. Esta sentencia constituye una alarma para los defensores de derechos humanos en América Latina. En Colombia, ocurrió algo similar en la década de los ochenta, con el exterminio y genocidio del partido Unión Patriótica. Sin embargo, en Perú existe jurisprudencia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha exhortado al Estado peruano a no estigmatizar el pensamiento crítico ni a los defensores de derechos humanos. Consideramos que esta sentencia es injusta y arbitraria, y que viola todas las garantías y derechos procesales, tanto en el Perú como en cualquier otra parte del mundo. Hacemos un llamado a rechazar y desconocer esta sentencia, así como a exigir la libertad de todos los presos políticos en el Perú”, expresó Uldarico Florez, de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, organización defensora de Derechos Humanos en Colombia. 

Esta ofensiva judicial no solo afecta a los activistas peruanos, sino que representa una amenaza para todos aquellos que luchan en América Latina por la justicia social y los derechos de los pueblos. La criminalización de la ideología y el pensamiento crítico es un ataque directo contra la libertad, y sienta un peligroso precedente en una región históricamente marcada por gobiernos autoritarios y dictaduras. La comunidad internacional, especialmente en países de Latinoamérica, ha expresado su solidaridad y preocupación ante este nuevo capítulo de persecución en Perú. Defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales han señalado que el caso Perseo es un intento descarado de eliminar a quienes representan una resistencia legítima contra las políticas neoliberales y represivas del Estado. 

En este contexto, la comunidad de derechos humanos y los movimientos sociales en Perú han anunciado su rechazo categórico a esta sentencia y han convocado a una movilización general para exigir que no se ratifique el fallo. Los acusados en el caso Perseo no deben ser considerados criminales, sino presos políticos en un país donde pensar diferente y exigir justicia social se ha vuelto un crimen. Las organizaciones sociales denuncian que el Estado utiliza estrategias de intimidación para controlar y reprimir cualquier manifestación de descontento, ignorando por completo los principios de una sociedad democrática. 

Este tipo de persecución recuerda a los tiempos más oscuros de la historia peruana, en los años 30, cuando la dictadura de Sánchez Cerro proscribió las ideas comunistas y apristas. La “nueva” democracia que proclama Perú no es más que una continuación de aquellas prácticas autoritarias, esta vez maquillada con procedimientos judiciales que intentan dar un halo de legitimidad a lo que no es otra cosa que una represión ideológica. La criminalización de MOVADEF no es solo una cuestión de política interna; es un ataque contra los derechos humanos que tiene repercusiones a nivel global. Este no es el final, sino el comienzo de una larga lucha por la justicia y la libertad en Perú y en toda América Latina.