Por Equipo Jurídico Pueblos. 12-06-2024

Las colectividades y procesos organizativos que se movilizaron sobre la Ruta del Sol y que han salido como parte de la Movilización Nacional por la Vida y Permanencia en el territorio, salieron a las vías a denunciar el fortalecimiento de la estrategia paramilitar, así como de las políticas de exterminio en contra del movimiento popular. Las Organizaciones y procesos que acompañamos la protesta realizada en la Ruta del Sol, evidenciamos a través de distintos reportes y boletines que el balance en materia de derechos humanos fue desalentador, por cuanto las colectividades, procesos populares y personas que participaron de la Jornada en este punto de la geografía nacional; fueron el blanco de diferentes formas de represión -hostigamiento, militarización, perfilamiento y estigmatización, entre otras-.

En el presente texto se abordará un análisis de la matriz mediática posicionada desde los medios hegemónicos de comunicación y los discursos de las autoridades que la alimentaron, tomando como muestra, principalmente las notas periodísticas que cubrieron la movilización en esta región del país, las editoriales que intentan explicar las causas de la protesta, y, en especial, las declaraciones del ministro del interior frente a la misma.

 

1. 4 de junio de 2024, primer día de la Movilización

El diario El Tiempo (https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/campesinos-exigen-tierras-al-gobierno-petro-y-mantienen-bloqueo-en-via-nacional-en-el-sur-del-cesar-3349452), publicó la nota del periodista Jhon Montaño  bajo el titular “Campesinos que exigen tierras al Gobierno Petro mantienen bloqueo en vía nacional en el sur del Cesar”, cuyo subtítulo era “Sigue bloqueada la Troncal del Oriente, entre los municipios de Pelaya y Pailitas, Cesar”, en la cual se establece una relación directa entre las acciones de movilización y el incumplimiento de lo pactado en materia de tierras por el gobierno de Petro,  invisibilizando las exigencias y reivindicaciones de quienes se encontraban en la movilización, las cuales fueron presentadas desde su inicio por parte de los voceros nacionales de la Jornada.

Mientras tanto, la periodista Milagros Sánchez Flóres del medio El Heraldo (https://www.elheraldo.co/cesar/sigue-el-bloqueo-en-el-sur-del-cesar-no-hay-comunicacion-entre-la-costa-y-el-interior-del-pais) señaló en el artículo “Sigue bloqueo en Cesar: la Costa y el interior del país están incomunicados” con subtítulo “Los manifestantes son campesinos que reclaman tierras al Gobierno nacional” que los responsables de “bloqueos” son campesinos, que -de acuerdo con el texto- buscan la concertación de una mesa de diálogo con el gobierno nacional para tratar el incumplimiento de promesas gubernamentales y de la reforma agraria. Añade -citando las declaraciones del alcalde de Pailitas, Alexander Toro-, que las demandas de quienes protestan no pueden ser resueltas por los entes territoriales porque no tienen conocimiento de lo que plantean las comunidades a nivel nacional y por ello requieren la presencia de representantes del gobierno nacional -específicamente de delegados de la Agencia Nacional de Tierras – ANT; cuyos representantes no contestan.

Según el texto del artículo, el alcalde señala que las personas que se encuentran en la movilización no son de la zona, sin embargo, indica que en un Consejo de Seguridad extraordinario se conformó un Puesto de Mando Unitario mediante el que se atenderían las eventualidades que se presentara. Se sugiere la responsabilidad del Gobierno de Petro por las movilizaciones que incomunican la Costa con el interior del país por el incumplimiento de lo pactado en materia de tierras y Reforma Agraria; pero además se establece que existen dudas sobre la procedencia de las personas que se encuentran en movilización, acción mediante la que se suelen justificar acciones de perfilamiento y hostigamiento como las que en boletines anteriores se ha informado.

Tanto en este, como en el artículo anterior, la periodista, por un lado, evita hablar de las demandas presentadas por lxs manifestantes y de la denuncia del avance del paramilitarismo en los territorios; y por el otro, a voces del alcalde de Pailitas, empezó a posicionar la idea de “personas ajenas” a la zona en la Protesta que tuvo lugar en el Sur del Cesar, como si se tratara de un hecho ilegítimo u oculto, cuando desde el inicio lxs manifestantes que concurrieron a la Ruta del Sol, advirtieron que se desplazaron desde distintos puntos de la macro-región, pues están atravesadas por las mismas problemáticas. Adicionalmente, trasmite la idea de que la protesta social debe ser abordada desde un enfoque de Seguridad, contribuyendo a crear una matriz mediática alrededor del “peligro” implícito que representan las personas y grupos sociales que se movilizan.

 

2. 5 de junio de 2024, segundo día de la Movilización 

Nuevamente la periodista Milagros Sánchez Flórez del medio El Heraldo (https://www.elheraldo.co/cesar/cesar-denuncian-que-manifestantes-en-la-floresta-pailitas-no-son-campesinos-1099891?amp), escribió una nota informativa sobre el segundo día de movilizaciones titulada “Denuncian que manifestantes en el sur del Cesar no son campesinos” cuyo respectivo subtítulo fue “En Pailitas hay acantonados 120 policías atentos ante cualquier alteración del orden público”. En este texto se informa algunas personas de la comunidad (cuya identidad se reservan, porque temen posibles represalias), señalaron que quienes se encuentran haciendo los bloqueos no son campesinos, porque ellos conocen a los campesinos de la zona y no usan capuchas ni son agresivos. 

De acuerdo con la nota, estos señalamientos, no fueron ni confirmados ni negados por el alcalde de Pailitas, quien asegura en entrevista con el medio, que quienes están allí no son de la zona, por lo que no los conocen pero que de buena fe cree que sí son campesinos. De todas maneras, reitera que, ante cualquier eventualidad que concurra, el mandatario local -según exalta la nota- convocó al Puesto de Mando Unificado – PMU y ordenó el acantonamiento de las fuerzas militares y policiales.

La nota aquí descrita, es una muestra de una de las formas en las que se establecen puntos de ambigüedad -como las denuncias anónimas- que contribuyen a justificar el tratamiento militar de la protesta social, y ponen en duda el carácter e intenciones de las personas que salen a movilizarse. En esta nota, como en la precedente, el medio El Heraldo no toma ninguna declaración directa de las comunidades en movilización, mientras que acredita directamente la estigmatización sobre quienes se salen a las carreteras a expresar su inconformidad, e indirectamente justifica acciones como las denunciadas en los boletines de DDHH precedentes (perfilamientos, hostigamientos, seguimientos, etc.).

 

3. 6 de junio de 2024, se levanta el punto. Declaraciones del Ministro del Interior.

Desde la noche del 5 de junio de 2024, se había anunciado un acuerdo entre el Gobierno y las vocerías políticas de la Movilización Nacional por la Vida y Permanencia en el territorio.

En horas de la mañana del 06 de junio de 2026, el Editor Político del diario El Tiempo, Armando Neira (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/que-significan-las-tomas-y-los-bloqueos-impulsados-por-el-congreso-de-los-pueblos-en-varios-lugares-de-colombia-hoy-3349745), publicó una columna bajo el titular “Las dudas por las tomas y bloqueos impulsados por el ‘Congreso de los Pueblos’ en varios lugares de Colombia” cuyo subtítulo correspondiente fue “La organización se tomó sede de la Nunciatura en Bogotá y denuncia supuesto ‘avance del paramilitarismo’. ¿Sigue la ruta del llamado ‘proceso constituyente’?” en la que destaca que quienes hablan públicamente son voceros de una ONG llamada Congreso de los Pueblos, que tiene coincidencias con el discurso de Petro -en, por ejemplo, la ruta constituyente-. Por otro lado, señala, que según las declaraciones de sus voceros los únicos culpables de la violencia contra esas comunidades son los paramilitares y los gobiernos anteriores; elementos que según los “analistas consultados” por el columnista- son llamativos, porque el paramilitarismo de hoy “no es equiparable al de hace dos décadas” y “el mayor peso de las acciones criminales de disidencias y ‘elenos’”.

Así pues, el autor de la columna, establece que es razonable preguntarse por la relación entre el Congreso de los Pueblos y el proyecto constituyente del gobierno actual, con lo que, parece sugerir que las protestas son un medio de presión para avanzar por esa ruta y de paso justificar la inoperancia del Estado frente a las acciones paramilitares, puesto que en ningún momento se le hace responsable del avance del paramilitarismo. De manera menos directa parece plantear una relación entre Congreso de los pueblos -y las personas que protestan- con estructuras guerrilleras como el ELN o con las disidencias de las FARC, sentando un precedente de dudas sobre las intenciones de las comunidades o una posible manipulación de las mismas para que participen de las protestas con fines de los que no necesariamente se tiene conocimiento. De esta forma, el editor político de El Tiempo, deslegitima el uso de la protesta por parte del movimiento popular, así como las declaraciones de las comunidades que salieron a ejercer la protesta social en el marco de las movilizaciones de los últimos días.

Por su parte en horas de la mañana Caracol televisión, https://x.com/NoticiasCaracol/status/1798693340184985956?t=ILTNcpQArejz5n6U2nqcaA&s=09, trasmitió entrevista en vivo con el Ministro del Interior Luis Fernando Velasco,  quien ante la pregunta sobre los reclamos de lxs campesinos que se han movilizado, indicó que las acciones de protesta fueron realizadas por “una organización de se llama Congreso de los Pueblos y organizaciones amigas a esa organización”, y sobre las demandas de las comunidades como seguridad, dice, “cosa que entendemos”, o de lucha frontal contra el paramilitarismo- son acciones que están contenidas dentro de las políticas públicas que busca implementar el gobierno. Esto para sugerir que el Gobierno está haciendo lo necesario para dar respuesta a la población afectada con las problemáticas denuncias.

Aunado a lo anterior, y como ‘reflexión’ el ministro afirmó, al igual que en la rueda de prensa emitida el día anterior que “no se necesita hacer bloqueos para hablar con el gobierno nacional” , en este punto se refirió a las protestas llevadas a cabo por el Congreso de los Pueblos -haciendo referencia explícita a los puntos de movilización y bloqueos- afirmando que las acciones llevadas a cabo por la organización [no por las comunidades] fueron innecesarias y que las consecuencias directas de la protesta social recaen sobre pequeños productores, en suma, afirma “o sea, son hechos que van contra los propios campesinos”. Añade, como argumento que reafirmaría lo innecesario de las acciones realizadas, que el gobierno tiene mecanismos de acompañamiento en el caso de situaciones de carácter regional o atención directa en caso de problemas nacionales, indicó que el viceministerio de Diálogo social tiene presencia en todo el territorio nacional, de modo que las respuestas estatales a las demandas de las comunidades son efectivas, mientras que las acciones de protesta “afectan la economía de todo el país”

Una vez terminada esta parte de la intervención el periodista abre la siguiente pregunta: “Se dice que son protestas pacíficas, pero… ¿es pacífico impedir el paso de ambulancias- decía usted- impedir el paso de los alimentos que es con lo que recibe la gente su sustento, ministro?”

Ante esta pregunta el ministro afirma que es eso lo que termina ocurriendo, por lo que hace un llamado a quienes protestan a “la empatía, a que se pongan en los zapatos del campesino que se levantó a las cuatro de la mañana, ordeñó, esperó que el carro lechero le fuese a recoger sus […] litricos de leche que es de lo que vive ese campesino y el carro por un bloqueo no pudo llegar”, insiste en que las acciones de protesta afectan principalmente al pequeño productor, y que en algunos casos “dramáticos” a personas que necesitan atención médica y van en una ambulancia. Pese a que reconoció que en las movilizaciones de los días precedentes hubo pasos intermitentes de tráfico, afirmó que en el caso zonas altamente turísticas el mensaje que se deja a quienes quieren visitar es que ‘la gente no puede ir porque no saben en qué momento les hacen un bloqueo, la misma gente de la región está destruyendo las posibilidades económicas de la misma región’, además, cerrando la intervención sobre esta pregunta- enfatizó el llamado desde el gobierno nacional a que  “si tienen un problema y necesitan hablar con el gobierno nacional búsquenos directamente, nosotros hablamos… NO BLOQUEE LAS VÍAS porque bloqueando las vías se hacen un daño ustedes mismos”.

Sobre la siguiente pregunta por la situación actual de las protestas llevadas a cabo en la nunciatura y en el ministerio, el ministro señaló -otra vez- que eran innecesarias, reiterando que una vez se tuvo conocimiento de la situación se entablaron diálogos: “¿para qué nos bloquean? ¿para qué van y cierran la nunciatura? ¿cuál es el mensaje?”, afirmó que acciones como esta impiden que quienes tienen diligencias en esos lugares sea porque trabajan allí o porque deber realizar algún trámite, pierden el día. Refirió que en conjunto con Naciones Unidas el gobierno, junto con otros liderazgos -empresariales- está trabajando en la formulación de un mecanismo regional para que se resuelvan los conflictos sin recurrir a las vías de hecho y redunda: “yo quiero insistir en algo, este gobierno no necesita acciones de hecho para hablar con las comunidades”.

La siguiente pregunta formulada por el periodista se plantea así: “me están escribiendo aquí, ministro, que ‘no necesariamente las personas que se ven allí son solamente indígenas, ni campesinos, hay otras personas, es evidente’… dice aquí la persona que nos está escribiendo; ¿ustedes qué han podido percibir, hay infiltraciones, están manipulado de pronto a campesinos e indígenas?… ¿habrá intereses oscuros?” a lo que el ministro comienza su respuesta diciendo “hay de todo […] hay motivaciones políticas en el marco del proceso de paz en algunos casos… hay acciones en donde gente quiere pescar en río revuelto, hay realmente situaciones en donde el Estado no le ha respondido a las comunidades y las comunidades llevan meses, años, décadas esperando… o sea, hay de todo, pero quiero insistir, esas comunidades que llevan con problemas represados, búsquenos, nosotros hablamos, nos sentamos… armamos mesas, tenemos todo un ministerio de diálogo social los demás ministerios nos vienen colaborando y las demás entidades para ir a distintos lugares del país […]”, continúa diciendo que la cantidad de gasto en transportes de su ministerio se debe a que están dispuestos a ir a regiones apartadas para atender las necesidades de las comunidades a las que nadie atiende, en conjunto con otras carteras ministeriales,  con la Agencia Nacional de tierras ANT y distintas entidades del orden nacional. Y reitera que no hacen falta vías de hecho para que las comunidades sean escuchadas.

La última pregunta del periodista fue: “existe lo que llaman los teóricos la teoría de la ventana rota, entonces, ‘como hay tantas manifestaciones pues, hagamos también manifestaciones’ ¿podría ser eso también, usted lo apoya?” A lo que el ministro responde que puede ser, que, de hecho, ‘en una región del país, la última manifestación fue en protesta por las anteriores manifestaciones que estaban bloqueando las zonas… nos estamos pegando un tiro en el pie en la economía de las regiones, este gobierno NO necesita bloqueos para hablar con la gente, Wilson” 

Las declaraciones del Ministro del interior, a nombre del Gobierno, así como las sugerentes preguntas del entrevistador, son cuando menos desafortunadas y preocupantes, pues llevan inmersas una profunda carga de estigmatización y desvalor hacia el derecho de las comunidades a protestar. Al decir del alto funcionario, las demandas de las comunidades, reivindicadas en la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios, no solo son innecesarias sino que el derecho a denunciar las problemáticas estructurales que atraviesan las comunidades, como el avance del paramilitarismo, el despojo o el proceso de exterminio contra el movimiento popular, tienen menor valía -o igual peso- frente al derecho de ciudadanos(as) a realizar trámites ante el Ministerio del Interior o la Nunciatura Apostólica, por ejemplo. Lo que es igual a decir que las graves violaciones a los derechos humanos que se derivan del modelo represivo estatal, no son un problema que amerite la activación del legítimo derecho a la protesta, o no son necesarias, simplemente porque el Gobierno actual está dispuesto a dialogar y atender sus reclamos, así las problemáticas estructurales que se denuncian, no sean resueltas.

Lo que el ministro del interior pasa por alto en sus declaraciones, es que la protesta no sólo tiene el objetivo de llamar la atención de gobierno nacional, sino de la sociedad en su conjunto, así como de la comunidad internacional sobre la existencia de un proceso genocida en curso contra el movimiento popular, que es funcional a los poderosos intereses económicos que se benefician del despojo, el desplazamiento forzado y en general, de la profunda transformación de la sociedad que se genera a través del terror y la cooptación de las comunidades.

 

4. Continúa la estigmatización.

Las palabras del ministro, que paradójicamente llama a los manifestantes a la empatía con otros/as, se suman a la estigmatización y sesgo que se propone sobre el movimiento popular en los medios sobre los que se han tomado anotaciones en este documento, y que a la postre, justifican para la opinión pública el manejo militar de la protesta social, el aislamiento, la segregación, el encarcelamiento y eliminación física y simbólica de las comunidades que protestan; acciones/discursos que -valga decir- se identifican como etapas del proceso genocida: La construcción de una otredad negativa, esto es, de un enemigo social, de una alteridad que atenta contra sociedad.

Sobre este último aspecto, es bastante sugerente la alusión que realiza el entrevistador de Caracol a las supuestas infiltraciones en la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios, a las que finalmente hace eco el ministro cuando responde que “hay de todo… hay acciones en donde gente quiere pescar en río revuelto …”, con lo cual se traslada a la sociedad el mensaje de que quien protesta, puede ser una de esas personas con “intereses oscuros”, “infiltradas”, esto es, que forma parte de la otredad; una afirmación no es ingenua ni ajena al modelo represivo que se buscaba denunciar en Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios.

Otro aspecto sugerente en el hilo de preguntas realizadas por el entrevistador, se encuentra en la alusión que hace a las postulaciones de los teóricos de las ventanas rotas al contexto de la movilización social, con la que el periodista pareciera entender o explicar que si se permite una movilización otras surgirán, porque sí, por generación espontánea, o como lo reafirma el ministro, como reacción a otras protestas; y no por problemas irresueltos que se traducen en que amplios sectores de la sociedad afrontan situaciones que ponen en riesgo su propia existencia. Ahora, el trasfondo del interrogante está realmente en lo que no se dice sobre el qué hacer con las protestas (que generan afectaciones a “la sociedad”) a la luz de los planteos de los teóricos de las ventanas rotas: ¿reforzar una estrategia de seguridad basada en la militarización? ¿acudir a la “gente de bien” para que impida cualquier asomo de inconformidad? ¿disuadir a través del terror y la violencia, las acciones inconformes?

No deja de llamar la atención que, en las muestras (periodísticas) analizadas, poco o nada refieren al paramilitarismo (más allá de señalar que fue una de las razones de la movilización) y aquellas que lo hacen, lo caracterizan como “un fenómeno” asociado exclusivamente a la criminalidad del ‘clan del Golfo’ y otras estructuras que “está[n] lejos del poder que llegaron a tener las Auc”, como se señala en la columna de El Tiempo (publicada el 6 de junio) y omiten cualquier alusión a los estudios y análisis que dan cuenta de los intereses económicos y políticos que han alentado el proyecto paramilitar, las formas y propósitos del control social que ejercen en los territorios, las transformaciones profundas que generado en la sociedad.

En suma, tanto la matriz mediática posicionada en los medios hegemónicos, como en las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno local y nacional, se pone en duda la legitimidad de las personas y procesos organizativos que ejercen la protesta social. Se opta conscientemente por minimizar y/o invisibilizar las problemáticas planteadas por las comunidades, en lugar de indagar en las causas del avance del paramilitarismo y los responsables y beneficiarios de sus acciones criminales. Lo que en últimas constituye la promoción de una agenda comunicativa que pone a las comunidades y a quienes ejerzan el derecho a la protesta social en el centro de la diana.