El Equipo Jurídico Pueblos rechaza el asesinato del campesino y dirigente comunal FREDY BALLESTEROS, ocurrida en horas de la tarde del 19 de mayo del 2025, mientras se desplazaba en su motocicleta en una vía rural del municipio de Tibú (Catatumbo bajo), fue interceptado por hombres armados que procedieron a disparar contra su humanidad. De acuerdo con información procedente de la comunidad, los responsables de este crimen pertenecen a la estructura heredera de las FARC-EP que se hace llamar Frente 33. Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha guardado silencio frente a su asesinato.

Desde hace varios años FREDY BALLESTEROS se desempeñaba como Secretario Ambiental de la Junta de Acción Comunal – JAC de la vereda El Milagro (o P 30). Era un líder respetado por la comunidad y ha merecido pronunciamientos de repudio procedentes desde distintos espacios organizativos del movimiento comunal del Catatumbo.

Este nuevo hecho que enluta a las/os pobladores del Catatumbo, ocurre tan solo cuatro días después de que -al parecer- la misma estructura activara una carga explosiva -arrojada desde un dron tripulado remotamente-, contra una vivienda campesina de La Vereda 20 de Julio del municipio de Tibú, dejando como consecuencia el trágico asesinato de un niño y lesiones corporales graves a 12 personas más, en su mayoría obreros e integrantes de la familia. El mismo día del ataque -el 15 de abril de 2025-, el ministro de defensa, responsabilizó al ELN.

Mientras se cometen estos ataques aleves contra pobladores del Catatumbo, el ministro de defensa, ex general Pedro Sánchez Suárez, en reciente entrevista con El Espectador, reforzó la peligrosa narrativa de que el ELN se camufla de civil en medio de la población (https://www.youtube.com/watch?v=TyyCc7KXc-g (min,6:40)); misma que fue posicionada por el comandante de la Segunda División del Ejército Nacional en febrero de este año.

Estas declaraciones –que se suman a la estigmatización que directamente realizó el presidente Gustavo Petro contra algunas organizaciones sociales de la región (a las cuales señaló de estar “permeadas por las armas”)-, incrementan el riego de las comunidades y su dirigencia, pues no solo constituyen una justificación anticipada de ataques militares directos contra viviendas y lugares de concurrencia campesina (que en efecto han sido recurrentes en los últimos meses); sino que además alientan los graves y sistemáticos señalamientos que a través de las redes sociales ha orquestado la organización criminal del Frente 33 contra reconocidos liderazgos comunitarios, a quienes les imputa falsos vínculos con el ELN, y les traslada la condición de enemigos; desarrollando claras formas de construcción de otredad negativa, que históricamente han servido para legitimar la persecución, el asesinato y el encarcelamiento de la población, así como la destrucción de procesos organizativos de los sectores populares que confluyen en el territorio.

A pesar del ataque sistemático de la organización autodenominada Frente 33, contra pobladores de la región, el Gobierno Nacional continúa el proceso de concentración con armas de estas estructuras en zona rural de Tibú, en la llamada Zona de Ubicación Temporal (ZUT), bajo la protección de las Fuerzas Militares; lo que ha contribuido a su reagrupamiento y fortalecimiento milita en el Catatumbo. Este modelo de negociación pareciera responder a una estrategia de recuperación del territorio basada en alianzas de carácter cívico-militar y cívico-paramilitar, que busca derrotar a la insurgencia del ELN, a la par que avanza en un proyecto regional desarrollista que debilita la autonomía de las comunidades y los proyectos de defensa del territorio que han tenido asiento en esta región de Colombia.

21 de mayo de 2025
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS