El 4 de julio de 1976, gracias a la iniciativa del político italiano Lelio Basso, y a la Fundación Internacional que lleva su nombre, un grupo de juristas, economistas, intelectuales, personalidades políticas, organizaciones y movimientos de liberación nacional de distintas partes del mundo se reunieron en Argel para proclamar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, popularmente conocida como la Carta de Argel. El documento está dividido en siete secciones, en las que se desarrollan los derechos fundamentales de los pueblos: El derecho a existir, a la autodeterminación, a disponer de sus riquezas y recursos, a resistir la opresión, y a exigir justicia frente a la explotación, la dominación y los crímenes cometidos contra ellos. Es una apuesta por la dignidad, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos del mundo. Hoy, cumplidos 50 años desde su proclamación, resaltamos su importancia y vigencia en un contexto político marcado por la guerra, las pretensiones imperialistas y la desacreditada justicia internacional.

Frente a un panorama de desasosiego global, al igual que hoy, en el que la jurisdicción internacional no contaba con mecanismos suficientes para garantizar el respeto por los Derechos Humanos, la paz y la autodeterminación de los pueblos, los intelectuales Bertrand Russel y Jean Paul Sartre, en 1966 reunieron a un grupo de juristas y pensadores —entre ellos Lelio Basso— con los que constituyeron el Tribunal internacional contra los Crímenes de Guerra, más conocido como Tribunal Russell. Allí se investigó y condenó la intervención militar y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam. Años después, entre 1974 y 1976, Lelio Basso, apoyado en esta experiencia fundó el Tribunal Russell II, en el que documentó y denunció las graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las dictaduras militares en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

En principio, la Carta de Argel respondió a la necesidad de elaborar un marco normativo que permitiera fundar y hacer efectivos los “tribunales de opinión”. Sin embargo, en los 30 artículos y el preámbulo que la componen, se denuncian las injusticias que la dominación, el imperialismo y el colonialismo le han heredado a la historia, y se propone una ruta jurídica que permitiera juzgar y condenar sus efectos. La declaración parte de la convicción de que respetar los derechos humanos implica respetar los derechos de los pueblos.

Sin restarle importancia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Argel propuso ir más allá del reconocimiento de los derechos individuales, y reconocer al mismo tiempo los derechos colectivos de los pueblos. Fue precisamente a partir de los procesos gestados por las luchas de liberación anticolonialistas y por la resistencia a la injerencia de los países centrales en las periferias del mundo durante los años 60 y 70, que en 1976 se proclamó la Carta al calor de las luchas por la autodeterminación y en plena conciencia de los pueblos como sujetos de derechos en sí mismos.

La elección de Argel no fue casual, durante la guerra fría fue un punto de referencia para los países no alineados. Además, era la capital de Argelia, una nación que tuvo que luchar para emanciparse del colonialismo francés, en un continente agitado por los movimientos independentistas anticoloniales, pero al mismo tiempo subyugado por sistemas coloniales de más de cien años.

Para Visotsky & Reyes (2022), resulta relevante que la proclamación de la Carta fuese en un país africano puesto que consideran que “el reconocimiento de derechos de carácter colectivo tiene su excusa en las peculiaridades y singularidades del continente africano; en el África tradicional tiene primacía el grupo sobre la persona, la comunidad sobre el individuo y sólo en la comunidad el individuo cobra un pleno sentido”.

Por su parte, la fecha de la firma de la Carta coincidió con los 200 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos. El mensaje político fue claro: la independencia y libertad proclamadas por Occidente continuaban siendo negadas por el imperialismo estadounidense en regiones como Vietnam, América Latina y el Medio Oriente.

¿Qué ocurría en el mundo cuando se proclamó la Carta de Argel en 1976?

Entre los años 50 y 70 del siglo pasado, los movimientos anticoloniales en África se fortalecieron, y en su lucha, lograron vencer la dominación colonial Europea. El año de 1960 fue denominado “año de África” en razón de que 17 países africanos lograron su independencia. Sin embargo, el proceso no fue pacífico; la respuesta del poder colonial ante las pretensiones independentistas fueron la represión y la violencia.

Los pueblos africanos tuvieron que enfrentar la política colonial, racista y extractivista de sus opresores. En la memoria queda la masacre de Soweto que fue cometida unas semanas antes de que fuese proclamada la Carta de Argel. El 16 de junio de 1976, cientos de estudiantes sudafricanos negros se manifestaron en contra de las leyes educativas y el régimen del apartheid, la protesta fue brutalmente reprimida por la policía, entre 176 y 700 personas murieron ese día. Esto dio pleno sentido al Artículo 6 de la Carta, que exige la liberación frente a “todos los regímenes racistas”.

De igual forma, la caída del imperio portugués dio nacimiento a naciones como Angola y Mozambique. Sin embargo, estas repúblicas nacientes cayeron en guerras civiles financiadas por EE. UU., la Unión Soviética -URSS-, y sus respectivos aliados. De esta forma, estas experiencias africanas ejemplifican las razones por las que la Carta de Argel, en el art. 11, reconoce el derecho de todo pueblo a su autodeterminación, con toda libertad y sin injerencia exterior.

La historia no era tan distante en el continente americano, en marzo de 1976, estalló el Golpe de Estado en Argentina, sometiendo al país a un gobierno dictatorial encabezado por Videla y su junta militar. Esta dictadura fue conocida por ser cruel y sangrienta contra el movimiento social y popular lo que marcó un referente en el Cono Sur. Sumado a esto, el sistema clandestino de coordinación represiva conocido como Operación Cóndor estaba en plena culminación, su objetivo estaba dirigido a identificar, rastrear, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos, disidentes de izquierda, sindicalistas, estudiantes y activistas. Todo esto con el apoyo y aprobación de los EE. UU.

La experiencia suramericana estuvo especialmente relacionada con el Tribunal Permanente de los Pueblos. Precedido por el éxito del primer tribunal sobre Vietnam, y por la iniciativa del senador italiano Lelio Basso; en 1976, se investigaron los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras cívico-militares en América Latina. Como resultado, se emitió condena formal contra las autoridades latinoamericanas de facto, evidenciando la complicidad de estos regímenes con intereses corporativos y extranjeros: “estos trabajos nos han llevado a la conclusión que las empresas multinacionales y las clases dirigentes que les son fieles, son las beneficiarias de los regímenes fascistas instaurados en muchos países de América Latina”.

Por otro lado, el artículo 8 de la Carta, plasmó el descontento de los países del Sur Global que habían sido históricamente sometidos a ser la despensa de materias primas de los países del Norte Global, quienes, justificados bien sea en su superioridad moral, religiosa, civilizatoria o militar, se arrogaban el derecho de apropiarse de los recursos naturales de las naciones bajo su dominio. De este modo, se decretó que “todo pueblo tiene un derecho exclusivo sobre sus riquezas y recursos naturales”.

La proclamación de la Carta de Argel coincidió con la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, el cumplimiento de estas normas dependía completamente de la voluntad de los Estados firmantes, muchos de los cuales eran los mismos que oprimían a otras naciones. De esta forma, la Carta se distancia de estos órganos gubernamentales bajo la premisa de que si los Estados fallan en proteger a las personas, serían los pueblos organizados quienes debían reclamar su soberanía jurídica.

¿Qué desafíos globales y regionales marcan al mundo a 50 años de la proclamación de la Carta de Argel?

A cincuenta años de la proclamación de la Carta de Argel, el análisis de las dinámicas globales exige una ruptura epistemológica y material radical con el idealismo jurídico e institucional. Comprender la actual fase de imperialismo y despojo global requiere partir estrictamente de las bases estructurales que lo originan, abandonando la idea de que el sistema puede ser reformado desde sus propias instituciones, el caso colombiano en los últimos 4 años lo demuestra. La crisis contemporánea del modelo hegemónico no es accidental ni coyuntural; responde de manera directa a la contradicción antagónica entre el capital y el trabajo. Este punto de partida es indispensable para desmitificar la supuesta neutralidad del andamiaje normativo global y situar el análisis en el terreno de la geopolítica, la economía política y la lucha de clases.
El sistema imperial contemporáneo opera bajo la dirección estratégica de Estados Unidos —basta con revisar la Estrategia de Seguridad 2025 que definió el gobierno Trump— que despliega una intervención a nivel global utilizando mecanismos de coerción, fuerzas paraestatales, genocidios y guerras híbridas (el uso de los medios masivos de comunicación entran necesariamente en ese campo). Esta ofensiva busca revertir la evidente crisis económica y de legitimidad de su hegemonía. Al enfrentarse a una crisis interna profunda, el centro imperialista ejecuta una reestructuración violenta para asegurar el control absoluto sobre los recursos estratégicos de la “periferia”.
Para mitigar esta caída, el sistema ha consolidado la «industria de la matanza humana». La militarización integral de la sociedad es hoy una necesidad estructural para reactivar los ciclos de violencia tan necesarios para su sobrevivencia. En la práctica material, esta dinámica elimina de tajo la distinción histórica entre combatientes y no combatientes, pero al genocidio no le interesa. El caso de Palestina ilustra trágicamente este proceso: el exterminio sistemático de su población y la destrucción de su infraestructura vital demuestran cómo la maquinaria bélica opera como motor de rentabilidad y despojo bajo la mirada cómplice del sistema internacional.

En este escenario de saqueo permanente el Derecho Internacional se revela como el ropaje legal de la dominación imperial. Lejos de constituir un mecanismo de paz universal o un árbitro imparcial, su función es administrar las tensiones entre las clases dominantes de las potencias centrales mientras disciplina a los países empobrecidos o que emprenden la lucha por la autodeterminación, sosteniendo una ficción de igualdad formal que enmascara la división internacional de la acumulación. El discurso de los Derechos Humanos actúa con una rigurosa selectividad punitiva: es implacable para sancionar a los pueblos disidentes, pero inoperante frente a la macrocriminalidad corporativa. Operaciones de desestabilización e intentos de secuestro contra líderes políticos, como el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, evidencian cómo el andamiaje jurídico global pacifica en la retórica, pero legaliza el despojo “preventivo”, la violación de la soberanía y la coerción violenta extraterritorial en la práctica.

Aquí es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿El Derecho Internacional ha muerto?

De forma paralela, el Sur Global enfrenta una crisis profunda del modelo de democracia liberal que exige analizar la fascistización como una reorganización contemporánea de la violencia estructural del capital. El fascismo actual opera como un mecanismo para canalizar la rabia social frente al declive económico, dirigiéndose contra sectores empobrecidos. Casos como los de Argentina bajo Milei, El Salvador bajo Bukele, Brasil bajo Bolsonaro y el riesgo inminente de la presidencia de Abelardo de la Espriella en Colombia, no representan la llegada de outsiders irracionales. Son figuras sostenidas por capitales financieros que optan por desechar las formas democráticas e instaurar un disciplinamiento violento del trabajo y la vida.
En este proceso, resulta ineludible señalar la responsabilidad histórica del progresismo, que ha abonado el terreno para el neofascismo. Los gobiernos reformistas terminan actuando como un desacelerador del movimiento social al priorizar la burocratización sobre el trabajo de base en los territorios. Políticas como la «Paz Total» en Colombia se revelan como un éxito del capital, pues su función primordial ha sido fragmentar la resistencia y garantizar el extractivismo corporativo, extendiendo contratos petroleros mientras se pacifica la protesta. Al frustrarse la esperanza popular de reformas materiales, la indignación acumulada queda a merced de los discursos punitivistas, encontrando en la base social desilusionada a los «camisas pardas» de la actualidad. En Colombia, este peligro se agudiza por la existencia de un ejército de reservistas, ex mercenarios y paramilitares equipados con poder de fuego real y articulados a los intereses de la lumpenburguesía.
Frente a esta cooptación institucional y el avance de la maquinaria represiva paramilitar e imperial, el análisis dialéctico obliga a comprender que el litigio procedimental y la confianza en las instituciones burguesas son absolutamente insuficientes. La defensa jurídica y política emprendida por las organizaciones populares no puede ejercerse desde la ilusión del garantismo institucional; es, en el mejor de los casos, una herramienta para entorpecer temporalmente los circuitos del despojo.
Sin embargo, el motor de la historia y la única garantía real de supervivencia y dignificación de la vida frente al exterminio radican en la rebeldía y la lucha popular.

El derecho de la rebelión frente a un sistema que planifica la miseria y la muerte no es solo una categoría histórica, es un imperativo de vida. Como se evidencia en las dinámicas territoriales, para las comunidades excluidas y las poblaciones que luchan por su autodeterminación, no les queda otra alternativa que la organización y la movilización. La resistencia de los pueblos, manifestada a través de la ocupación del territorio, la huelga, la protesta radical y las diversas formas de lucha constituye la verdadera barrera material contra quienes imponen la muerte y el despojo como modelo de vida.
La praxis política exige subordinar cualquier herramienta jurídica al fortalecimiento de la organización popular. No habrá tribunales supranacionales que dicten la liberación de los pueblos sometidos; la emancipación será obra de las mayorías explotadas asumiendo su papel histórico. Confrontar la irracionalidad destructiva del capital, detener el avance del fascismo y romper con el yugo imperial/colonialista requiere revitalizar el proyecto de la liberación mediante la lucha en las calles, en los campos, en las universidades y en todas las geografías que habitan subalternidades. La vigencia de la Carta de Argel hoy no se defiende en los estrados judiciales de La Haya, sino en la capacidad irreductible de los pueblos de organizarse, resistir y pasar a la ofensiva material contra el imperialismo y el fascismo.

Estos procesos muestran que las preocupaciones que dieron origen a la Carta no pertenecen únicamente al pasado de las luchas anticoloniales de la segunda mitad del siglo XX. Por el contrario, sus postulados continúan ofreciendo un marco de referencia pertinente para comprender las tensiones contemporáneas en torno a la soberanía, la autodeterminación, la justicia internacional y los derechos colectivos. En este contexto, se valora y resalta la importancia de los tribunales de opinión y de verdad como espacios de denuncia, memoria y reflexión ética frente a violaciones a los derechos de los pueblos. Aunque sus decisiones no tienen fuerza jurídicamente vinculante, estos escenarios contribuyen a visibilizar situaciones de injusticia que con frecuencia permanecen fuera de los mecanismos institucionales. Además, fortalecen la conciencia internacional y promueven el debate público sobre la responsabilidad de los Estados, las empresas y otros actores frente a la garantía de los derechos de los pueblos, el cuidado de la vida y el planeta.