Un Balance que da cuenta de la militarización

 MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA VIDA Y LA PERMANENCIA EN LOS TERRITORIOS

Hoy martes 4 de junio de 2024, desde las 9:00 de la mañana, comunidades y organizaciones campesinas, indígenas, afros, trabajadores, mujeres, estudiantes, jóvenes, sectores populares urbanos y rurales, ambientalistas de distintas regiones del país, como mecanismo de denuncia nacional e internacional de visibilización, en ejercicio del derecho constitucional a la protesta social iniciaron una jornada de Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios, para llamar la atención de las autoridades del orden nacional sobre el avance del paramilitarismo y exigir su desmonte.

La protesta social, entraña una relación de interdependencia e indivisibilidad con el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos, entre los que se destacan la libertad de expresión, asociación y participación de las comunidades en los asuntos que les afectan. Se considera como un vehículo para la consecución de objetivos legítimos de los procesos organizativos que plantean sus demandas y ponen en cuestión la orientación de la sociedad. Esto es, que se erige como herramienta vital para que los sectores inconformes expresen su descontento y exijan las transformaciones necesarias frente a injusticias sociales, políticas, económicas y culturales. En todas sus formas, constituye una expresión de resistencia que permite desvelar y desafiar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia, reafirmando así su dignidad e identidad.

En el marco de la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios; las comunidades buscan llamar la atención de la sociedad y el Gobierno Nacional sobre las graves afectaciones que conlleva la nueva avanzada del paramilitarismo en sus proyectos de vida colectiva y la construcción de formas autónomas de organización social basadas en relaciones de solidaridad, paridad y cooperación en los territorios; de manera que existen razones suficientes y potentes para activar su derecho a la manifestación y reunión y les asiste el derecho no solo a ser escuchadas por las autoridades nacionales sino de recibir respuestas que pongan fin al proceso genocida en curso contra el movimiento popular en Colombia, que se ejecuta, entre otros dispositivos a través de las estructuras paramilitares.

Las comunidades del nororiente colombiano arribaron al sector conocido como La Floresta, ubicado sobre la Ruta del Sol en el Cesar, desde la tarde de ayer, 03 de junio de 2024; momento desde el cual empezaron a evidenciar el paso frecuente de varios vehículos y motocicletas de la Policía Nacional sobre el punto de concentración, detectando además que varios de los uniformados que arribaron y transitaron por el sitio, no portaban identificación visible.

TRATAMIENTO ESTATAL A LA MOVILIZACIÓN POPULAR

Tal como se ha reportado en comunicados anteriores, en el curso del primer día de movilización en la Ruta del Sol, se han documentado situaciones que dejan ver que la protesta social sigue siendo considerada por las autoridades de policía, como una acción ilegítima, delictiva, innecesaria y desproporcionada que pone en riesgo la seguridad nacional; y que los procesos organizativos de los sectores populares son vistos con por los “agentes del orden” como enemigos.

En el presente boletín se realiza un balance que arroja la persistencia del tratamiento militar a la protesta social y de la vigencia de la doctrina de seguridad nacional, al interior de las fuerzas oficial, que lejos de comprender el ejercicio de este derecho como instrumento para el fortalecimiento de la democracia, busca neutralizar y castigar a las comunidades inconformes que exigen transformaciones profundas de la sociedad.

1. MILITARIZACIÓN DE LA PROTESTA

La militarización se entiende como el proceso de imposición de estrategias de control, que extiende y naturaliza la presencia y acción militar en todos los ámbitos de la vida comunitaria, transformando las relaciones sociales a partir de la intimidación, la estigmatización y la desconfianza. Este proceso se expresa, no sólo en la intervención de las fuerzas armadas en asuntos ajenos a la defensa de la seguridad nacional, sino también en el tratamiento de todas las conflictividades sociales mediante el uso de la violencia estatal.

En contextos de protesta social, la militarización se expresa en distintas prácticas que parten de la construcción de una otredad negativa alrededor de los procesos organizativos que acuden a la movilización para expresar sus demandas e inconformidades. Estos, son vistos como un peligro para el estatus quo y tratados en consecuencia como adversarios o enemigos en una clara aplicación de la cuestionada Doctrina de Seguridad Nacional.

Durante el primer día de movilización en la Ruta del Sol, han hecho presencia agentes policiales portando armas largas (tipo fusil) en contravía de las normas que regulan el tratamiento a la protesta social, que prohíben de manera clara y expresa la presencia de personal armado en los lugares donde esta se desarrolla (10:10 am).  Este hecho se agrava, ante la falta de identificación visible de la mayoría de los policiales, en tanto impide o dificulta la atribución de responsabilidades frente a sus acciones contra las comunidades.

De otro lado, la presencia de policías de civil portando armas traumáticas constituye otra expresión de la militarización identificada durante la jornada que tuvo lugar en este punto de la geografía nacional; que se torna especialmente preocupante en razón a los antecedentes que involucran la intervención de personas ajenas a la movilización, contra vecinos del lugar o transeúntes e incluso hacia los mismos manifestantes, para deslegitimar la protesta y justificar la acción represiva de la fuerza pública.

No es menos grave el hallazgo de prendas militares, reportado a las 10:38 am cerca a una de las cocinas instaladas por las comunidades; hecho que asumimos como una demostración intencionada de la presencia e intervención del Ejército Nacional en la movilización, pese a que las fuerzas armadas no tienen facultades para actuar en contextos de protesta, creando así un ambiente de terror y zozobra al interior de las comunidades ante posibles acciones encubiertas de las fuerzas miliares dentro de sus sitios de concentración.

2. PERFILAMIENTOS E INTELIGENCIA ILEGAL

El perfilamiento de las personas busca obtener información precisa sobre su ubicación, acciones, movimientos, formas de relacionarse con otros/as, etc, y constituye una acción propia de la inteligencia militar y policial que, como cualquier actividad enmarcada en el ejercicio de la función pública, tiene unos estrictos límites constitucionales y legales toda vez que afecta los derechos fundamentales a la intimidad y autonomía personal.

La actividad de inteligencia y contrainteligencia está dirigida a proteger los derechos y libertades ciudadanas y a prevenir las amenazas contra la seguridad nacional; por lo tanto, cuando se aparta de estos fines, se convierte en una acción estatal contraria a la Constitución.

La recolección de información sobre las personas que participan en la movilización popular, como se viene indicando en apartados anteriores, constituye el claro reflejo de la aplicación de la doctrina del enemigo interno, que convierte a la población inconforme en un blanco de la inteligencia estatal; lo cual contraviene los lineamientos que se han desarrollado desde las altas cortes nacionales e internacionales y desde el propio Movimiento popular, en torno al sentido democrático y pluralista que lleva implícito el ejercicio de la Protesta.

En este sentido, resultan altamente perturbadores y problemáticos, los hechos documentados por las Organizaciones de Derechos Humanos acompañantes de la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios, en la Ruta del Sol, que dan cuenta de la toma de vídeos y fotografías por parte de agentes policiales y personas de civil que han arribado al punto de concentración.

En esta categoría de acciones ilegales e inconstitucionales se destaca la actuación del intendente José Bueno quien, a pesar de ser conminado a no realizar tomas desde su teléfono, no sólo continuó haciéndolo, sino que permitió y alentó a otros agentes uniformados, a perpetrar estas prácticas.

Sumado a lo anterior, se destaca el hecho reportado a las 11:54 a.m., cuando uno de los policiales que ejercía la función de escoltar al Alcalde municipal de Pailitas, tomó con su dispositivo celular -en dos oportunidades distintas- imágenes de las personas movilizadas, aun a pesar de que en un primer momento se le requirió para que eliminara el registro obtenido.

Estas formas irregulares de vigilancia y control en el punto de concentración, fueron ejercidas también por personas civiles que despertaron la sospecha de las comunidades movilizadas, en razón al tipo de imágenes capturadas y el tiempo durante el cual se documentó y registró en sus teléfonos la actividad de las y los manifestantes.

Siendo las 4:14 p.m, por ejemplo, un sujeto ajeno a la protesta, que se desplazaba en la motocicleta de placa VGU87D fue sorprendido tomando fotografías a la movilización; lográndose establecer que había desarrollado esta actividad por un lapso de tiempo superior a una hora, sin que se haya podido conocer si la información captada fue remitida a terceras personas, así como tampoco los fines o propósitos con los que se recolectó dicho material.

Finalmente, debe destacar que la actividad la inteligencia y persecución a la movilización mediante la vigilancia constante y directa se realizó también mediante el uso de aparatos electrónicos. Siendo que a las 7:38 p.m., se produjo el avistamiento de un dispositivo DRON cerca al lugar donde varios miembros de la movilización se habían instalado.

Estos hechos en su conjunto, revelan la intención de individualizar a los y las manifestantes, a través de acciones de inteligencia ilegal perpetradas por uniformados y personas de civil, lo cual constituye un hecho preocupante, considerando los antecedentes de judicialización, montajes judiciales e incluso los posteriores hostigamientos y asesinatos contra las personas que participan en la Protesta que sobrevienen a estas Jornadas de inconformidad social.

Asimismo, la presencia y tránsito de militares y policías con fusil, en los puntos de concentración de las comunidades en la Ruta del Sol, pone de manifiesto la falta de garantías necesarias para el ejercicio de la movilización en Colombia. La militarización de la protesta social, documentada en el primer día de la Movilización, está lejos de proteger la seguridad de la comunidad y la “institucionalidad democrática” y por el contrario busca silenciar el derecho legítimo de los pueblos a luchar contra las injusticias y a exigir transformaciones sociales que requiere el país.

La doctrina del enemigo interno, ha sido un factor clave en la histórica militarización de las movilizaciones populares. Esto se ha manifestado no solo en el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, sino en las judicializaciones y otras formas de represión contra quienes participan en estas acciones legítimas, creando miedo, estigmatización y zozobra en las comunidades que alzan su voz contra la indignidad humana normalizada a lo largo y ancho del territorio nacional.

En suma, las comunidades y procesos organizativos que hoy levantan su voz exigiendo para visibilizar el proceso genocida en Colombia y el desmonte del paramilitarismo, han sido nuevamente testigos de la estrategia represiva que busca la eliminación de todo asomo de organización y resistencia popular.

 

ORGANIZACIONES DE SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS QUE ACOMPAÑAN LA MOVILIZACIÓN POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA PERMANENCIA DE LOS TERRITORIOS