El 16 de mayo del 2023, en medio del debate de Control Político citado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al Comisionado de Paz – Danilo Rueda, el representante por Antioquia Hernán Cadavid Márquez del Centro Democrático, realizó señalamientos estigmatizantes hacia la labor ejercida por Organizaciones de Derechos Humanos y contra defensores/as. En su intervención sacó a relucir el acta de Fundación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización con reconocimiento nacional e internacional por su labor en la defensa de los DDHH.

En sus manifestaciones le recrimina al abogado Leonardo Jaimes Marín, hoy integrante del Equipo Jurídico Pueblos, por haber ejercido la representación jurídica de Carlos Iván Peña Orjuela, conocido como comandante “Chaparro” del frente 23 de las Farc. Asimismo ataca a Rosalba Moreno por escribir cartas a mujeres detenidas de las extintas FARC-EP y considerarlas prisioneras de guerra y al Sacerdote Henry Ramirez Soler por haber efectuado un intercambio epistolar con las FARC. De igual manera, aunque no realiza ningún tipo de afirmación hacia el padre Javier Giraldo Moreno, reconocido defensor y referente en la defensa de los derechos de los pueblos, le cuestiona al Alto Comisionado haberse asociado con él en la Fundación de la Comisión intereclesial.

Semanas antes de este señalamiento, más concretamente el 11 de abril, el abogado Leonardo Jaimes Marín fue objeto de seguimientos por el agente de Sijín Juan Carlos Celis, mismo funcionario denunciado en 2010 por haber participado en capturas masivas de campesinos y haber ejercido presiones ilegales al exintegrante de las FARC-EP Carlos Iván Peña Orjuela.

En este mismo marco de persecución identificamos y denunciamos el montaje judicial que se está orquestado por el GAULA MILITAR contra el abogado del Equipo Jurídico Pueblos Johan Sebastián Moreno, señalado en múltiples ocasiones por funcionarios públicos de pertenecer al ELN por el hecho de defender presos políticos. El EJP tuvo conocimiento que investigadores del GAULA MILITAR han practicado entrevistas en la cárcel de Palogordo en las que se afirma que los “abogados” del EJP han coaccionado testigos para que se retracten de sus declaraciones.

Criminalizar la defensa de presos/as políticas, así como la actividad y opiniones de personas y organizaciones populares, sólo tiene cabida y justificación desde una concepción antidemocrática y discriminatoria; misma que ha direccionado la política de persecución y exterminio contra quienes en desarrollo de su labor han desnudado el modelo represivo estatal.

Los señalamientos estigmatizantes del representante del Centro Democrático constituyen un claro desconocimiento del derecho a defender derechos humanos, así como el ejercicio libre de la abogacía. El Congresista y cualquier ciudadano/a conoce los impactos y los riesgos que estas afirmaciones generan en la vida e integridad de las personas; y se emiten -conscientemente- en un contexto de ascenso en la represión contra defensoras/es en Colombia: En 2022, 116 de ellos/as han sido asesinados, según datos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas -ONU-; lo que se suma a las denuncias de amenazas, hostigamientos y seguimientos ilegales, como los recientemente ocurridos contra la abogada Soraya Gutiérrez del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Toda esta situación de acoso, amenazas, hostigamiento y criminalización a la defensa de derechos humanos, en la que se enmarca los señalamientos del Congresista Cadavid Márquez, dejan en evidencia la continuidad y vigencia criminal de la doctrina del enemigo interno dentro de la institucionalidad estatal. Sus señalamientos paradójicamente se efectúan justo cuando el país sigue las versiones de Salvatore Mancuso ante la JEP, en las cuales reitera que ha existido una política de exterminio contra defensoras/es de derechos humanos y del territorio, políticos de oposición y periodistas; direccionada desde altas instancias del poder político y económico a la cual ha sido funcional la estrategia paramilitar.

El Equipo Jurídico Pueblos como organización defensora de derechos humanos y de los pueblos, reafirmamos que nuestra labor ha estado enmarcada en la defensa de los derechos humanos de quienes han sido víctimas de la violencia y la represión sistemática ejercida por el Estado Colombiano, en el marco del proceso genocida que ha acaecido en el país.

19 de mayo de 2023

Equipo Jurídico Pueblos