Comunidades negras y campesinas, pueblos indígenas, organizaciones populares, sectores urbanos, estudiantes, ambientalistas, trabajadores, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, etc., se concentran en diversas zonas del país para denunciar la arremetida genocida paramilitar en los territorios.

Las comunidades participes de esta movilización Nacional exigen que se proscriba la actual doctrina de seguridad nacional, basada en el enemigo interno, y se de paso a una doctrina en la que prime el respeto por los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el enfoque de género, además, se exige el desmonte del paramilitarismo entendido como una política de la oligarquía agenciada por el Estado colombiano.

Para ello, las comunidades exigen lo siguiente:

1. Reconocimiento público por parte del gobierno de la existencia de una estrategia paramilitar nacional a nivel rural y urbano, orientada a desarrollar un proceso genocida contra el movimiento popular.
2. Suspensión inmediata de toda pretensión de reconocimiento político como tercer actor de las estructuras paramilitares que pretenden diálogos regionales, socio jurídicos o políticos.
3. Desestructurar el componente económico del paramilitarismo.
4. Investigación de los financiadores y determinadores estatales y privados. Rendir informes periódicos públicos sobre los avances y resultados.
5. Remoción y/o destitución de altos y medios mandos de la fuerza pública en donde hay indicios, denuncias o evidencias de connivencia y ausencia de acción efectiva contra el paramilitarismo.
6. El presidente de la República debe expedir una orden ministerial que permita desclasificar los archivos de inteligencia de los últimos 50 años, cuya publicación permita identificar a funcionarios, entidades del estado, organismos de inteligencia, militares, políticos y empresarios comprometidos en la conformación, financiación, instrucción y apoyo al paramilitarismo.
7. Acatamiento inmediato de todas las recomendaciones y sentencias de las tres últimas décadas, proferidas por organismos internacionales de derechos humanos contra el Estado colombiano. En especial, aquellas relacionadas con la superación de la impunidad de los crímenes de Estado.
8. El presidente de la república debe dirigir de forma inmediata una comunicación al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que reabra el examen preliminar sobre la situación de Colombia.
9. Acatamiento por parte del Estado colombiano de la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión 49, del 17 de junio de 2021.

Instamos al Gobierno Nacional y a sus órganos institucionales para que garanticen cabalmente la seguridad y la no violación de los Derechos Humanos de las personas y comunidades que hoy inician esta jornada de movilización.