ACCIÓN URGENTE: RECHAZAMOS ATAQUES CON EXPLOSIVOS CONTRA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTÍN DE LOBA EN SARDINATA – NORTE DE SANTANDER –

 

El 15 de noviembre de 2026,  entre las 6:00 pm a 7:30 pm, las comunidades campesinas denunciaron que  múltiples drones cargados con explosivos fueron lanzados desde la vereda La Selva, corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, hacia el centro urbano del corregimiento de  San Martín de Loba (Municipio de Sardinata), obligando a la población civil a refugiarse en el Centro de Salud y en la parroquia San Isidro Labrador.

Desde las 6:30 am del lunes 16 de noviembre hasta el momento de la publicación de la presente denuncia, los ataques continúan dejando la población resguardada en estas dos edificaciones.

Hasta el momento se registran tres viviendas afectadas, y toda vez que estos ataques  se intensifican sin signos de una pronta finalización, se hace imposible la verificación de otras afectaciones. 

En otros pronunciamientos se ha denunciado el patrón sistemático de estas acciones, cuya finalidad es atacar a la población civil de manera premeditada  con el objetivo de impedir el desarrollo de sus actividades económicas, sociales, culturales, organizativas y políticas. Igualmente, con ello se busca generar el desplazamiento de las comunidades a fin de usurpar sus tierras y romper sus vínculos comunitarios. 

Información recibida desde la zona afectada señala como responsable de estos hechos a la estructura autodenominada “Frente 33”.

Después de más de doce horas de ataques, ni el Ejército Nacional ni la Policía Nacional, presentes en la zona, han reaccionado ante estos hechos. Organizaciones defensoras de DDHH han denunciado en diversos momentos, que la postura de las fuerzas del Estado ha sido la de proteger y operar de manera conjunta con el “Frente 33”. Los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos y además, son crímenes de guerra y lesa humanidad que deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional.

Hacemos un llamado al Estado colombiano a realizar las iniciativas pertinentes para proteger a la población civil y garantizar las condiciones necesarias para su vida digna y permanencia en el territorio. Igualmente se le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y demás organismos nacionales, para que de acuerdo a sus competencias inicien investigaciones, denuncias y procedimientos correspondientes tendientes a esclarecer la identidad de los responsables de los hechos denunciados y salvaguardar la vida e integridad de la población campesina. 

16 de noviembre del 2026

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