Por: Equipo Jurídico Pueblos 

1 de noviembre de 2026

El 17 de octubre de 2026, en el marco de la jornada conmemorativa del Día Nacional del Preso Político en Colombia —fecha que honra la memoria y el legado del líder sindical Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, asesinado por el Ejército Nacional—, se propició un espacio de convergencia histórica y geopolítica. Este encuentro internacional, nutrido por las voces de defensores de derechos humanos y militantes de El Salvador, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina y Palestina, trascendió la mera denuncia para articular una radiografía profunda y sistemática del orden global. 

El encuentro fue organizado por el Equipo Jurídico Pueblos de Colombia y contó con la participación de destacados luchadores y defensores de América Latina y Palestina: Ivania Cruz de El Salvador, Berta Oliva de Honduras, Ernesto Flores de Ecuador, Arnold Arias de Colombia, Ayelen Stroker de Argentina y Basil Farraj de Palestina.[1]

La avanzada actual de la extrema derecha en América Latina y el mundo está liderada por el país imperialista por excelencia, Estados Unidos, y ha generado la profundización de procesos de fascistización en nuestros países, imponiendo gobiernos que han concentrado un enorme poder que les permite construir el andamiaje económico, político, social y cultural necesario para mejorar las condiciones para la acumulación capitalista nacional e internacional en un escenario de crisis sostenido e irresoluble de este sistema. Ejemplo de esto son los proyectos de Ciudad Modelo en Honduras, donde, encubierto con el discurso de desarrollo, se realiza la venta de territorio nacional a empresas transnacionales, o de privatización y venta en el mercado internacional del agua argentino.

Esta avanzada cuenta con el respaldo de un despliegue militar directo de los Estados Unidos que aterriza en Honduras, Colombia y Ecuador. Recién distintas fuentes informativas han anunciado la presencia de 280 miembros de la infantería de las marinas en Centroamérica, 180 de estos destinados a Honduras. El entrenamiento de un grupo de 600 soldados estadounidenses en Panamá para luego ser desplegado en Colombia y otros países vecinos, anunciado por el New York Times hace cuatro días, no deja de tener credibilidad para los pueblos que han vivido la intervención militar, independientemente de que diplomáticos norteamericanos en Panamá desmintieran el hecho. Y en Ecuador, se documentó el despliegue de 50 soldados del Comando Sur para participar en allanamientos conjuntamente con la Policía Nacional ecuatoriana.

En este contexto, un eje del modelo represivo es la criminalización de la protesta social, así como la criminalización de la pobreza. Aunque estas facetas de la represión no son nada nuevas, se nota un acentuado crecimiento de la primera. En Centroamérica, donde la Doctrina de Seguridad Nacional fue derrotada en los años 80, esta aparece en una modalidad actualizada. En Argentina, Ecuador y Colombia, que tuvieron desarrollos históricos distintos, también se vive la profundización de la doctrina del enemigo interno. Esto se respalda con la masificación de discursos de odio clasistas, racistas y patriarcales que han estado presentes históricamente en la sociedad, pero hoy cuentan con una orientación desde la esfera política que los atiza y legitima todos los días.

Hay matices en la forma de ejecutar la criminalización de la protesta social. En la mayoría de países participantes, se formula legislación antiterrorista que respalda procesos de judicialización de dirigentes sociales, pero también hay una ampliación de montajes judiciales y hasta lo que Ivania Cruz categoriza como «represión transnacional«, el uso de instancias como INTERPOL para perseguir políticamente a dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos en el exilio.

La cárcel

Basil Farraj nos recuerda que en este contexto la cárcel no es solo un dispositivo de control que se aplica a un centro de reclusión, sino un modelo de sociedad. En Palestina este modelo lleva décadas desde que fue instaurado el apartheid colonial en 1948 con la Nakba, un momento de ruptura que sintetiza, aunque no inicia ni culmina, un proceso de exterminio y desplazamiento. Es un modelo donde todas las personas son vigiladas y controladas sistemáticamente por el Estado sionista. Este nefasto experimento en Palestina ha sido replicado en distintas partes del mundo, y la alianza entre Estados Unidos e Israel en función del negocio y la cooperación militar, y especialmente en materia de ciberinteligencia y comunicaciones, hace esta reproducción más ágil y completa. Facilita la criminalización de la protesta social mencionada anteriormente y propicia una situación generalizada de miedo y zozobra.

La criminalización de la pobreza es endémica en las sociedades capitalistas. Contribuye a mantener a los pobres sin esperanza y sin ánimos ni posibilidades para realizar transformaciones sociales que cambien radicalmente la sociedad. No sorprende que el 90% de la población penitenciaria sea parte de las clases populares.

En palabras de los panelistas:

Ayelén Stroker (Argentina) «Le damos primero una cárcel antes que un libro o garantizar un espacio educativo de salud para esos pibes y pibas de nuestros barrios, porque de nuevo las personas que terminan dentro del sistema penal lo hacen desde esta mirada clasista, racista y patriarcal que tiene que ver con expandir esa lógica de quiénes son las personas que habitan las cárceles».

Ivania Cruz (El Salvador) «En El Salvador, por ejemplo, no se vive una situación de un privado de libertad bajo esas condiciones, se vive un secuestro, se viven desapariciones forzosas, se viven muertes […] El miedo paraliza y es lo que han ocupado con el régimen de excepción, pero se mantiene en vigencia esta resistencia y esta lucha que estamos haciendo».

Ernesto Flores (Ecuador) «Esta cárcel del encuentro, toda esta política de seguridad, los toques de queda, tienen como objetivo disciplinar a la sociedad civil, que el pueblo no se levante, que el pueblo no se organice contra el régimen fascista […] Todo preso es político aquí en sociedades como las nuestras, donde hay exclusión, inequidad, injusticia, donde hay una brutal criminalización de la sociedad».

Basil Farraj (Palestina) «Cuando hablamos de un régimen carcelario, estamos hablando también de las maneras en cual este régimen de apartheid, este régimen colonial, está realmente poniendo a millones de palestinos en una situación en cual viven como presos y presas […] El rol más central de la cárcel en Palestina es matar no solamente a los cuerpos de los palestinos, sino matar a las ideas, a la posibilidad de resistir el régimen israelí».

Arnold Arias (Colombia) «Aquí en Cúcuta lo que se busca es criminalizar la pobreza, perseguir, juzgar y castigar, y utilizar el sistema penal como respuesta privilegiada, entre otras cosas, frente a una problemática social que debería ser entendida mediante garantías […] La cárcel en Colombia no debe entenderse como una solución, sino que la cárcel en Colombia es una manifestación de las desigualdades existentes».

El modelo Bukele

En el marco de la avanzada de la extrema derecha en el planeta, se han dado retrocesos importantes en materia de derechos económicos, políticos, sociales y culturales que han deteriorado las condiciones de vida de las grandes mayorías. Es importante remarcar que los nuevos gobiernos de corte dictatorial y fascista no han abandonado las políticas neoliberales que, de alguna forma, se erosionaron durante las dos olas de gobiernos progresistas en América Latina, particularmente la primera. Las incompletas reformas sociales impulsadas por estos gobiernos han sido anuladas por completo, generando mayores índices de pobreza y extrema pobreza en el continente.

La población privada de libertad vive de manera más cruel este deterioro porque no solo sufre por la privatización de servicios que inició en el marco del «imperialismo carcelario» impuesto por los Estados Unidos desde principios de este siglo, sino también por los castigos impuestos para generar respaldos afuera, impulsados por los discursos de odio y la política de «populismo punitivo».

Todo esto es parte del «Modelo Bukele» en materia de política criminal y carcelaria. En cuanto a «modelo», ha sido reproducido, con distintos matices, en el último quinquenio en nuestros países, y todo indica que esta reproducción se profundizará y se ampliará en el marco de la fascistización.

El modelo también contempla la masificación de capturas arbitrarias para generar «resultados». Lo único que no tienen de arbitrarias es que las personas que sufren estas capturas son de las clases populares. En la mayoría de países se genera legislación que legitima y normaliza estas capturas arbitrarias. La expresión más cruda de esto es el Régimen de Excepción que lleva cuatro años y medio en El Salvador; sin embargo, los otros países también ejemplificaron la aparición de legislación normalizadora de las capturas arbitrarias, incluyendo la prisionalización de adolescentes en el caso de Argentina y El Salvador.

Las megacárceles son otro eje de esta política y se han convertido en el símbolo de crímenes de lesa humanidad que son un pilar del modelo. Por un lado, las «megacárceles» han sido un eje de la privatización de los sistemas penitenciarios. Su construcción representa grandes inversiones de capital y subcontratan a distintas empresas para su edificación y posterior administración y servicios. Por otro lado, son parte de la normalización de situaciones de tortura física y psicológica, de asesinatos, algunos de estos a manos de funcionarios del Estado, otros a manos de otras personas privadas de libertad y otros por negligencia en materia de salud o incluso de alimentación. En Honduras se destaca el tema de los incendios en la cárcel, que también se han dado en Colombia (en el marco de la pandemia) y Argentina. En El Salvador se registran también desapariciones forzosas dentro de las cárceles como un modus operandi.

Nuevamente, Basil Farraj nos recuerda que todo esto es un reflejo de lo que pasa fuera de la cárcel, como también lo es la impunidad total de los responsables. Estos crímenes no son ni siquiera investigados, muchos son legalizados o legitimados por el discurso oficial y otros son encubiertos. También es un reflejo de lo que pasa fuera de la cárcel la corrupción que convierte derechos en «favores pagados», como es el acceso a una visita familiar en El Salvador o el acceso a una visita íntima en otros países.

Finalmente, el aumento de los presos políticos es consecuencia de la criminalización de la protesta social y la persecución política del pensamiento crítico y la praxis liberadora. Al mismo tiempo, lo es la imposición de condiciones especialmente crueles dentro de las prisiones, la desarticulación de colectividades de presos políticos dentro de la cárcel, su dispersión en lugares retirados de su familia y otros obstáculos que minan la posibilidad de reunirse y mantener el tejido social. De esta manera buscan desarmar su identidad colectiva y revolucionaria. También buscan romper las relaciones sociales y afectivas que son fundamento de su salud mental. Además, buscan mandar el mensaje de que la resistencia no tiene futuro a los que luchan afuera.

En palabras de Nilson Terán, prisionero político recluido en la cárcel La Tramacua de Valledupar, Colombia, a propósito de los espacios de intercambio de experiencias:

«Lo interesante es que escuchen a viva voz realmente lo que estamos ya en prisión y que estamos viviendo realmente la situación de represión total […] Por aquí seguimos los presos insurgentes, los presos políticos de Colombia, pues tratando de sostener la dignidad como todo luchador social que se levanta contra el régimen».

El movimiento popular lucha para contrarrestar el modelo represivo

Todos las y los ponentes enfatizaron que la lucha para contrarrestar el modelo represivo es una tarea principal que requiere la unidad de los defensores de derechos humanos y luchadores sociales en este momento.

La primera tarea en esta lucha es mantener viva la resistencia a la dominación y el horizonte de la nueva sociedad en la palestra de los sectores populares. Ganar la batalla contra la parálisis que busca generar el modelo represivo, contra la desesperanza y la inacción.

Se considera que el eje principal de esta lucha es la movilización masiva en las calles. Se enfatizó la importancia de las alianzas entre los movimientos populares en las acciones de calle. En este sentido, se subrayó la necesidad de superar la fragmentación de las expresiones organizativas populares a nivel de cada país. Se valoró que las organizaciones de familiares tienen un lugar especial en esta lucha, puesto que son el motor afectivo y moral de la lucha anticarcelaria.

En segundo lugar, se recalcó la importancia de la articulación internacional de las organizaciones y movimientos populares, así como las de defensa de los derechos humanos. Este conversatorio forma parte de esta articulación, construyendo análisis comunes de la realidad, del modelo represivo y del horizonte de lucha, y tejiendo lazos solidarios.

La disputa del sentido común y la batalla de las ideas es otro flanco importante en la lucha contra el modelo represivo y el sistema que este protege y defiende. Se enfatiza la importancia de mantener el ánimo de lucha, generando mensajes contundentes y reiterativos a las organizaciones populares y a los distintos sectores de la clase dominada en su conjunto, que les motiven para mantener y fortalecer la resistencia. Igualmente, combatir los discursos de odio y sus efectos desarticuladores en la sociedad es una prioridad. Combatir la desesperanza con razones para la esperanza es clave. También se valora la importancia de generar mayor debate público sobre el sistema penal y la política criminal que contrarresta los supuestos y las prácticas del modelo represivo de los Estados bajo la orientación imperialista.

Finalmente, se remarcó la importancia de la organización de las personas privadas de libertad para cambiar su situación. La cárcel es uno de los tantos escenarios de la lucha de clase y, como tal, debe ser hervidero de conciencia y resistencia.

Importante resaltar en este punto las palabras de Berta Oliva, cofundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH):

«Lo que se vive en materia de libertades es que uno solo espera el encierro, exilio, encierro y entierro. Esa es la realidad que estamos enfrentando […] Las víctimas somos los habitantes, pero por mucho que nos sintamos así, que nos están apretando, nunca debemos sentirnos derrotadas; tenemos el pensamiento, no lo hemos hipotecado, estamos libres y lo que nos falta es definir estrategias comunes para que el impacto de nuestras acciones puedan golpear a ese muro que es muy fuerte, que es el imperio».

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[1] Participantes en el conversatorio:

Argentina: Ayelen Stroker, fundadora de la cooperativa Esquina de la Libertad, sobreviviente de Cromañón, docente y cantante.  

El Salvador: Ivania Cruz, abogada integrante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios UNIDHEC; organización que ha venido documentando la situación de DH en las cárceles y asumiendo la representación legal en casos de personas judicializadas en el contexto del régimen de excepción. Tanto ella como la UNIDHEC enfrentan hoy la persecución y criminalización del estado salvadoreño.

Honduras: Berta Oliva, Cofundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, durante su vida ha mantenido una lucha incansable por la verdad, la justicia y la construcción de memoria desde los pueblos.

Ecuador: Ernesto Flores, Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, criminalizado y judicializado en Ecuador, tras el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019, a raíz del cual se desató una persecución contra activistas de izquierda, acusados de actuar como una “fuerza subversiva” en las movilizaciones, narrativa comúnmente usada para deslegitimar la protesta popular y justificar la violencia represiva del Estado (con saldo de muertos, heridos y encarcelados). Su caso ha sido denunciado públicamente como un montaje judicial.

Palestina: Basil Farraj, docente de la Universidad de Birzeut. Director – Instituto Ibrahim Abu Lughod de Estudios Internacionales, su labor como investigador la ha centrado a estudiar regímenes penitenciarios, prácticas de violación de DH en contextos de encierro; la memoria, el arte y la resistencia de lxs presxs políticxs.

Colombia: Arnold Arias, Asociación de familiares y amigos de internos de la cárcel de Cúcuta, defensor de derechos humanos, desde la Asociación ha acompañado y documentado la situación de derechos humanos en establecimientos de reclusión.