COMUNICADO PÚBLICO

JEP aplaza el espacio público restaurativo con batallones de Santander, previsto para el 7 de octubre en Bucaramanga: Exigimos que se verifique el incumplimiento del régimen de condicionalidad de los militares comparecientes de Santander.

Las organizaciones y personas que suscribimos el presente comunicado, rechazamos el aplazamiento, -sin fecha-, del espacio público restaurativo convocado por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- programado en Bucaramanga para el 7 de octubre de 2026, denominado “Audiencia Pública de Reconocimiento de Responsabilidad de los comparecientes” de seis (6) Batallones del Ejército Nacional vinculados a crímenes de lesa humanidad, por razones atribuibles a los mismos comparecientes. 

La audiencia tenía como objeto impulsar medidas de satisfacción y reparación, mediante el encuentro de las víctimas acreditadas y militares comparecientes del Batallón de Infantería No. 14 «Capitán Antonio Ricaurte», el Batallón de Ingenieros No. 5 «General Francisco José de Caldas», el Gaula Santander, el Batallón de Contraguerrillas No. 5 «Los Guanes», el Batallón de Infantería No. 41 «General Rafael Reyes Prieto» y el Batallón de Infantería No. 40 «Coronel Luciano D’Elhuyar», quienes en cumplimiento del régimen de condicionalidad de manera PÚBLICA, ante las familias víctimas, medios de comunicación y la sociedad en general aceptarían su responsabilidad en la participación de estos crímenes. 

Mediante la Resolución de 30 de septiembre de 2026, el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, pospuso indefinidamente a menos de una semana de su realización, arguyendo un posible “riesgo de revictimización por parte de los comparecientes”. 

De acuerdo con la información suministrada por la JEP, esas alertas se fundan en la posibilidad de que los comparecientes pronuncien un discurso revictimizante frente a las víctimas. Es decir, el riesgo no proviene de las familias, sino de quienes deben responderles jurídicamente, situación avalada por la JEP que decidió aplazar el encuentro de manera indefinida. 

A lo largo del proceso, las víctimas y sus representantes han denunciado que los militares comparecientes no han dicho la verdad. La propia resolución afirma que los aportes a la verdad ya están «consolidados» en las audiencias previas, desconociendo las solicitudes de los familiares; y tal cual si esos aportes fueran plenos, no habría razones para temer un discurso que desconozca a las víctimas. Cuando un compareciente llega a un espacio restaurativo dispuesto a negar o minimizar los hechos, ya ha incumplido el sentido mismo del sistema.

El tratamiento especial de la JEP no es gratuito: Exige aportar verdad plena, reparar a las víctimas de crímenes de Estado y garantizar la no repetición. El incumplimiento intencional de las condiciones del régimen de condicionalidad conlleva la pérdida de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias de la acción penal, derechos y garantías, y la JEP debe verificarlo caso a caso, de manera rigurosa, sin afectar los derechos de las víctimas, como lo ha hecho hasta la fecha. 

Por lo anterior, solicitamos que los hechos victimizantes se tipifiquen como Crímenes de Lesa Humanidad y se niegue la renuncia de la acción penal. Igualmente exigimos a la Jurisdicción Especial para la Paz:

• Que proceda abrir incidente de verificación del cumplimiento del régimen de condicionalidad respecto de los comparecientes de los batallones y unidades referidos, con participación efectiva de las víctimas y sus representantes.
• Que, de comprobarse el incumplimiento, se declare la pérdida del tratamiento especial y los procesos sean remitidos a la justicia ordinaria, de modo que no se perpetúe la impunidad mediante comparecencias sin verdad ni reparación.
• Que se informe a las víctimas, de forma completa y por escrito, en qué consisten las alertas, quién las formuló y qué hechos las sustentan, y que se les entregue el informe conjunto de las oficinas en cuanto sea presentado.
• Que se fije una fecha cierta y cercana para el espacio restaurativo, o que se decida expresamente que no se realizará, y que ningún otro mecanismo lo sustituya sin el consentimiento de las víctimas.
• Que se garantice la seguridad, el acompañamiento psicosocial y el apoyo logístico de las víctimas y sus familias, sin que sean ellas quienes carguen con el costo de las demoras.

Las víctimas de crímenes de Estado no son un obstáculo para el proceso: Son su razón de ser. No aceptaremos que el aplazamiento termine consolidando la IMPUNIDAD. Reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento a las familias y con la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición reales. 

7 de octubre de 2026

Suscriben:

Equipo Jurídico Pueblos – EJP 

Resistiendo Al Olvido 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL