BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS REPRESIÓN ESTATAL DURANTE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2026

 

 

BUCARAMANGA – BOGOTÁ

22 DE NOVIEMBRE DE 2026

El 19 de noviembre de 2026, se adelantó una Jornada Nacional de Protesta Social a la cual concurrieron diferentes sectores organizativos en la que confluyeron sectores populares, incluyendo agrupaciones sindicales, feministas, estudiantiles, juveniles, comunidades campesinas, trabajadorxs informales, entre otras. La inconformidad obedeció a múltiples razones estructurales: La oposición generalizada a la reforma tributaria (eufemísticamente llamada “Ley de Rescate”), la exigencia categórica de desmilitarizar de la vida social, la defensa de la autonomía universitaria, la vida, la diversidad, la libertad de pensamiento y autodeterminación individual y colectiva, la reclamación de una verdadera reforma agraria, el reconocimiento del campesino como sujeto especial de protección. Igualmente, fueron visibles las expresiones de rechazo por la fascistización que este gobierno y sectores de derecha quieren imponer mediante la violencia en la sociedad colombiana. En este escenario, las movilizaciones constituyeron una expresión colectiva de resistencia frente a los procesos de fascistización y a las prácticas sistemáticas de exclusión, discriminación y eliminación de la alteridad,
promovidas por el gobierno nacional y sectores de derecha y ultraderecha.

La jornada se desarrolló un día después de la visita del secretario de guerra de los EEUU Pete Hegseth a Colombia en el marco de una agenda dirigida a estrechar la alianza militar y de seguridad en clara perspectiva de consolidar la influencia y hegemonía geopolítica en la región. Una agenda que despierta alta preocupación en los movimientos sociales críticos, ante el afianzamiento de una narrativa institucional que, amparada en la doctrina del enemigo interno, perfila e incorpora entre sus blancos de persecución y represión a los sectores populares organizados y a cualquier manifestación que disienta del modelo político y socioeconómico vigente. Bajo esta orientación se proyecta un recrudecimiento de la militarización (que incluye la
operatividad militar conjunta en los territorios) y la aplicación de esquemas de securitización orientados a la contención y al control social, desde un enfoque que concibe a la protesta y la organización popular, no como un derecho fundamental, sino como una amenaza o fuerza peligrosa.
Por otra parte, la movilización estudiantil y social tuvo entre sus antecedentes recientes una serie de medidas gubernamentales calificadas como regresivas en materia de derechos humanos, libertad de expresión y memoria histórica. Específicamente, el Ejecutivo ordenó el retiro del Museo Nacional de piezas y exposiciones alusivas a las luchas de las diversidades sexo-genéricas, la memoria de los procesos de paz y la reconstrucción del exterminio contra organizaciones políticas como la Unión Patriótica (UP). Dichas expresiones fueron estigmatizadas desde el discurso oficial bajo los
señalamientos de «wokismo» o supuesta apología del terrorismo encaminada a imponer una versión sesgada de la historia. Aunque estas órdenes administrativas fueron posteriormente revocadas por intervención judicial, evidenciaron el grave riesgo constitucional que entraña una narrativa oficial orientada a imponer una contrarrevolución cultural mediante actos de censura e interferencia en el patrimonio histórico y simbólico de la Nación; que generaron protestas de distintos sectores sociales, represaliadas mediante la intervención de la fuerza pública, pese al carácter pacífico que revistieron.

De igual forma, la jornada del 19 de noviembre de 2026 registró otro antecedente inmediato: un operativo de registro adelantado en horas de la madrugada de ese mismo día, por efectivos de la policía judicial en la Universidad Nacional de Colombia, atendiendo a la solicitud inusual de las directivas de dicha Institución de Educación Superior, quienes adujeron haber recibido supuestas informaciones sobre el ingreso de material explosivo al campus que pondría en riesgo a la comunidad universitaria. Este requerimiento de la administración universitaria se alinea con el relato oficial
instaurado por el Gobierno nacional, a través del cual se pretende calificar a las universidades públicas como centros de operación del terrorismo urbano, y presenta la prerrogativa constitucional de la autonomía universitaria como un obstáculo a la intervención de la fuerza pública.

En este sentido, en las calles confluyeron una multiplicidad de razones y sectores inconformes; en medio de un ambiente de tensión y riesgo evidente de represión, derivado no solo de una narrativa oficial estigmatizante hacia la protesta y la organización social, sino también del cambio de normativa regulatoria del uso de la fuerza pública en contextos de movilización.

Para consultar el boletín completo, sigue el enlace que compartimos a continuación:

BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS vf (1)

Equipo Jurídico Pueblos

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