Gobernación del Cesar entorpece diálogo de 2450 familias mientras recrea estrategias de represión a la protesta social por una vivienda digna

Comunicado a la opinión pública:

Hace más de 5 años, comunidades del Cesar, firmaron un acta de compromiso con el Gobernador, el Alcalde, Entes de control de la Región e incluso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En dicho acuerdo intersectorial se solicitaba, entre otras cosas, lo siguiente: la protección de líderes sociales, la generación de ingresos y viviendas de interés social para cerca de 2450 familias.
Por lo anterior, los liderazgos sociales, en veeduría de las exigencias pactadas, se han acercado a la Gobernación del Cesar en reiteradas oportunidades en aras de hacer cumplir lo pactado por las diferentes entidades; no obstante, a la fecha las respuestas han sido evasivas y vulneratorias de sus Derechos Humanos.
Así mismo, las comunidades del Cesar denuncian que en el Gobierno del expresidente Ivan Duque, el mandatario junto con su Ministro de Vivienda, exigieron una serie de documentación a las comunidades para cumplir con lo pactado; sin embargo, los funcionarios contestaron que “era algo a cargo del Departamento de Prosperidad Social” y que ya tenían la orden para proceder a la ejecución de las exigencias presentadas. Pese a ello, tiempo después, manifestaron desde el aquel Gobierno Nacional que ya no seria viable.
Ante esta grave situación, las comunidades se acercaron ante el Asesor de Paz, quienes fueron los garantes en su momento en la negociación, encontrando una ves más una respuesta evasiva.
Por esta razones, desde el 17 de abril del 2023, las comunidades del Cesar se encuentran realizando un acto de protesta por el incumplimiento a estas exigencias sociales, que afectan alrededor de 2450 familias y aunque los distintos liderazgos se pudieron contactar con el Ministerio del Interior, el ICBF y otros órganos de control, para que el Ministro de Vivienda se acercara al lugar de la exigencia social este último no ha hecho presencia en el lugar.
El día 18 de abril del presente año el Mininterior del Interior les comunicó a las comunidades que la posible visita por parte del Ministerio de Vivienda se haría efectiva el 19 de abril a las 3:00 p.m. No obstante, los liderazgos sociales de la región, en veeduría de la funciones públicas de los servidores de la Gobernación del Cesar, pudieron constatar que la solicitud elevada para la asistencia del Ministerio de Vivienda en el lugar de la concentración, no ha sido allegada a las dependencias correspondientes del Gobierno Nacional .
Además de ello, la violencia en contra de las comunidades que ejercen su derecho a la protesta social no solo ha sido la negativa a dar cumplimiento de los compromisos pactados sino la negativa, desde el 17 de abril de 2023, por parte del gobierno municipal, departamental y los entes de control en acceder al suministro de agua y a facilitar baterias sanitarias para satisfacer las necesidades de los manifestantes, entre los cuales se encuentran niños, niñas, adolecentes, adultos mayores, madres cabeza de hogar, quientes debido a las altas temperaturas que se presentan en Valledupar, aproximadamente 41 grados centígrados, han sido afectados por la alta deshidratación ocasionando desmayos y convulciones.
Ante esta serie de actuaciones el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el MIninterior se comunicaron con la Gobernación para que fuese posible el reabastecimiento del agua, esta exigencia al derecho fundamental al agua no ha sido materializada por la Gobernación del Cesar. Y aunado a este despropósito institucional de escuchar a las comunidades afectadas y sus exigencias, la Gobernación del Cesar optó por reprimir el ejercicio popular, enviando dos vehículos del ESMAD como forma de amedrentamiento a las comunidades y sus liderazgos. Ante esta grave situación, responsabilizamos a la Gobernación del Cesar en cabeza de Luis Alberto Monsalve Gnecco, de cualquier afectacion a la vida, la salud, la integridad fisica y mental de los manifestantes, y exhortamos a los Entres de Control para que cumplan con su mandato Constitucional. Alertamos a organizaciones intergubernamentales como ONU-Colombia, MAPP OEA y a la Comunidad Internacional ante esta situación que viene acaeciendo en Valldepuar.

Equipo Jurídico Pueblos

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