En El Salvador, la criminalización de defensores de derechos humanos y líderes populares se ha intensificado, evidenciando un preocupante uso del sistema judicial para reprimir la organización social. En este contexto, denunciamos la detención arbitraria de miembros de UNIDEHC-BRP y exigimos su liberación inmediata, así como el respeto a los derechos fundamentales. La persecución no debe ser utilizada como mecanismo de control social,

La Fiscalía 77 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró como crímenes de lesa humanidad la desaparición forzada y homicidios de los sindicalistas Víctor Eloy Mieles, Elvira Rosa Ramírez de Mieles y William López Moscote, así como la tortura y asesinato de Luciano Romero. Estos hechos, ordenados por el exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ en 1999, evidencian un ataque sistemático contra el movimiento sindical. Las recientes decisiones judiciales representan un avance en la lucha contra la impunidad y por la justicia para las víctimas y sus familias.

El discurso de Gustavo Petro sobre el ELN y la militarización en el Catatumbo ha intensificado la persecución contra el movimiento popular, reforzando la estigmatización de líderes sociales y agravando el proceso genocida en la región.